La seguridad, "diálogo de sordos"
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La seguridad, “diálogo de sordos”
 
René Sánchez Juárez*

Ante la evidente descomposición de “la cruzada contra la delincuencia y la guerra contra el narcotráfico”, el poder ejecutivo federal convocó, a las llamadas jornadas del “Diálogo por la Seguridad”, en la que a casi cuatro años de gobierno, acuden los partidos políticos y se invita a la sociedad a participar, porque hasta hoy se descubre, que los

medios institucionales no han sido suficientes, para continuar con esa peculiar “guerra”, que pese a todo cuanto se diga, ha resultado la prioridad del sexenio calderonista y su modo de legitimación. ¿Cómo estarán las cosas? que el nuevo discurso de la seguridad, no reconoce que lo que conocemos como “guerra” siempre lo ha sido, aunque el titular del poder ejecutivo federal haya anunciado que por “casualidad” el ejército mexicana continuará en las calles hasta el 2012, justo el año de las elecciones presidenciales. El evento referido pone de manifiesto que esa “guerra”, ocupará el plano de la principal política del gobierno federal (que no política de Estado), por encima de la lucha contra la pobreza y la situación social que ha creado la crisis económica.

El discurso del ejecutivo federal, no quiere reconocer los “daños colaterales” que la población civil ha sufrido y consecuentemente, la afectación a los derechos humanos que se ven constantemente vulnerados. Sin embargo, se quiere profundizar en el problema, como lo demuestra el catastrófico foro donde participó el Cardenal Onésimo Cepeda, quien lejos de analizar responsablemente el tema para el que fue convocado, se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia, Marcelo Ebrard y quien se pusiera en frente.

A partir de esa gresca, se llega al Campo Marte, (escenario de la represión del Estado contra los estudiantes en el ’68) como foro, para atender el tema de seguridad nacional. Además, se pide a la ciudadanía colocarse entre dos fuegos, al impulsar la confidencialización de la denuncia y por otro lado se busca darle seguridad a las familias mexicanas. Por donde quiera verse el problema, de esta “sui generis participación”, implica un enorme riesgo para la sociedad.

El peculiar “consenso”, que busca el gobierno federal, coloca más cerca de la tragedia a los ciudadanos, ya que al tratar de hacer funciones de policía investigadora, se vuelven vulnerables ante la delincuencia organizada, porque no tienen la garantía del “libre ejercicio del monopolio de la violencia” que es facultad del Estado.

En tanto nos acercamos a la campaña política del 2012. Y el anuncio de permanecer en las calles del ejército mexicano, lo único que asegura es una suma mayor a los 28 mil muertos.

El programa de seguridad pública del gobierno federal, debe pasar por el Congreso y con ello, el tema de la participación ciudadana.

Para el gobierno federal, la lucha por la seguridad pública supera cualquier otra, especialmente, el combate a la pobreza o bien la mejora de la educación pública. Más bien, se debería iniciar una lucha por actualizar al Estado mexicano para que cualquier tipo de guerra deba discutirse en el Congreso, así como también, el hecho de que las acciones militares continúen como hasta ahora y sigan siendo violatorias de la ley, porque se carece de órdenes de aprehensión expedidas por un juez o bien exista flagrancia de los actos de los presuntos criminales.

En los referidos “Diálogos por la Seguridad” se debería discutir un proyecto de “Ley de Seguridad Nacional”, que permita la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad y que garantice la participación ciudadana. De tal manera que los Diálogos por la Seguridad no se conviertan en un “Diálogo de sordos”.

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