FEDERALISMO Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN
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Por: Raymundo García García*

28 de mayo de 2009

Desde la llegada a la presidencia de la república, el jurista Felipe Calderón ha enarbolado la bandera de la reivindicación del Estado de derecho, como sustento para garantizar la existencia de una sociedad segura, libre, con la garantía de vivir dentro de un ambiente de  libertad.

 

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El crimen organizado es el enemigo principal, que en diferentes formas, mostraba su presencia en las escuelas, en los parques, en los jardines, pero sobre todo se detectó su presencia en los espacios de poder, haciendo que la narco-política sustituyera la esencia y función del poder público, que de estar dedicado a garantizar el bien común, ahora se sometiera a las decisiones y acciones de grupos dedicados a acciones consideradas como criminales.

 

Desde el PRD primero y luego desde otros grupos cercanos  al PRI, se empezó a fustigar  la acción presidencial de lucha contra el crimen organizado –porque la misma no representaba otra cosa, que una acción encaminada a fortalecer la legitimación del nuevo poder y a reivindicar el ejercicio de la hegemonía de la violencia en manos del Estado-. El  problema fue valorado como muy grave, que hizo necesario llevar al ejército al combate de los grupos criminales. Sobre esta decisión llovieron una importante cantidad de análisis, encaminadas a obligar al presidente de la república a regresar los militares a sus cuarteles. Las acciones provocativas que merecían atención prioritaria hizo que el ejército mexicano peinara las entidades federativas de: Michoacán, Baja California y Guerrero, entre otros; fue también parte de una lucha del Estado por reivindicar su poder legal y legítimo, frente a los grupos criminales; por esto se les declaró formalmente la guerra dentro el 5 de mayo del año 2007, teniendo como testigos de honor a las representaciones militares de las principales naciones del mundo.

 

Las críticas al ejecutivo federal subieron de tono con la idea central de anotar que la guerra estaba perdida de antemano, que era una guerra inútil, persuadiendo a la negociación, antes que la reinstitucionalización del poder público, no dando importancia al hecho de que las organizaciones criminales, como virus estaban por todos lados, penetrando a los gobiernos, además de protagonizar la: proliferación de secuestros, incremento de robo de mercancías, exigencias del pago de cuotas para la seguridad personal y familiar. Pero la decisión presidencial, a diferencia de los últimos dos sexenios, se mantuvo incólume y lanzó el acuerdo nacional para la seguridad.

 

El acuerdo nacional para la seguridad es un instrumento sustentado en los marcos del federalismo, donde quedan delimitadas las obligaciones y compromisos del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, conformando una estructura legal, y una infraestructura institucional que permita fortalecer las acciones preventivas que garanticen una seguridad pública que le permita a la sociedad actuar con libertad, confianza con todas las posibilidades para su desarrollo y transformación hacia su bienestar común. Dentro de la bajada de las acciones en los estados, están los acuerdos que los gobernadores celebrarán con las autoridades municipales, formando una red nacional de seguridad pública de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que es el anhelo de un auténtico sistema nacional de seguridad.

 

Pero cuando las noticias divulgan que las organizaciones criminales han penetrado a importantes agentes del poder público de los tres niveles de gobierno, y particularmente cuando a los gobernadores, les explotan los problemas en las manos y sin enterarse, como ha sucedido recientemente en Zacatecas, Morelos o Michoacán, sencillamente el federalismo se convierte en un freno a la lucha en contra del crimen organizado.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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