09 de mayo de 2013
Abel Pérez Rojas realiza un enlace hasta Valencia, España con Antonia Estarlich* acerca de la investigación que realiza juez argentina sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el franquismo.
El Gobierno impide a las víctimas del franquismo declarar ante la juez argentina
Todo estaba preparado. En Madrid y en Buenos Aires. María Servini de Cubría, la juez argentina en cuyas manos cayó la querella por los crímenes del franquismo tras el procesamiento de Baltasar Garzón esperaba con todo el equipo ya preparado escuchar por videoconferencia los tres primeros testimonios de las víctimas. Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974, Fausto Canales, hijo de un fusilado llevado sin consentimiento familiar al Valle de los Caídos, y Pablo Mayoral, parte del consejo de guerra por el que finalmente fue fusilado Xosé Humberto Baena a apenas dos meses de la muerte de Franco, entraron a la hora prevista en el consulado argentino de Madrid para contar su historia. Pero tras tenerles hora y media esperando, les comunicaron este miércoles que las videoconferencias con la juez se habían suspendido. La razón: el Gobierno había manifestado su malestar por el procedimiento y paralizado las declaraciones.
Según explicó la propia juez en un escrito, con el equipo de videoconferencias ya preparado en su despacho para empezar a tomar declaración a las víctimas, recibió una llamada del embajador argentino en España, Carlos Bettini, comunicándole que el Gobierno le había trasladado su “descontento y malestar” por su actuación. En concreto, le dijo que el director de asuntos consulares español le había comunicado que el procedimiento que iban a iniciar estaba "fuera del tratado bilateral suscrito por ambos países", que no cumplía "las formas", que las autoridades españolas harían una "presentación formal de queja ante la embajada" y que de seguir adelante con las actuaciones, esto es, las videoconferencias, podrían ser "nulas y afectar a derechos de los ciudadanos españoles". Por todo esto, según explica la juez, decidió suspender las videoconferencias. (Fuente:politica.elpais.com)
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