Falta de regulación en medicamento vitales no disponibles genera alzas en los costos
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10 de agosto de 2022

En Colombia existe hoy una serie de medicamentos que no tienen una regulación adecuada y que solo dependen de una prescripción médica, estos son los “medicamentos vitales no disponibles”, los cuales son indispensables e irremplazables para tratar a los pacientes con enfermedades huérfanas o pocos frecuentes como lipofuscinosis ceroide neuronal y epidermolisis bullosa distrófica.

Una de las vías para acceder a los medicamentos vitales no disponibles es la urgencia clínica –ya que se deben suministrar rápidamente para salvar la vida del paciente–, la cual representa una importante opción para este tipo de afectaciones que no tienen otro tipo de tratamiento; sin embargo, la falta de un control definido sobre los precios por parte de los entes gubernamentales y de las instituciones genera un desbalance en estos costos.

La química farmacéutica Jessica Stephanie Argüello, de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), analizó el ingreso de estos medicamentos al país entre 2019 y 2020, y encontró un desequilibrio en los costos establecidos para algunos de estos, situación que resulta preocupante, ya que puedeN generar un problema de financiación para el sistema de salud del país, teniendo en cuenta que con una regulación débil se pueden elevar bastante los precios.

El ejemplo más claro es el de Brineura, medicamento que viene en presentación de dos soluciones inyectables y que sirve para tratar la lipofuscinosis ceroide neuronal. Esta enfermedad huérfana consiste en que en el cerebro se acumula un material anormal llamado lipofuscina, a causa de problemas del cerebro para eliminar y reciclar proteínas; es un padecimiento mortal que no tiene otro tipo de método terapéutico consolidado.

El costo de estas inyecciones –que de hecho es el medicamento más caro de todos los evaluados en la investigación– era cercano a los 41 millones de pesos colombianos y tuvo un incremento de casi el 96 %, por lo que ahora ronda los 81 millones de pesos colombianos.

“Este tipo de fármacos entran al país a través del Decreto 481 de 2004, pero no son un foco de control para el Gobierno, y tal vez esto sea consecuencia de la falta de información porque solo hasta 2018 empezaron a ser reportados al Sistema Nacional de Precios de Medicamentos (Sismed) y apenas en la Circular 010 de 2020 se empezaron a establecer cuáles fármacos pertenecían a este grupo”, asegura la profesional.

La ausencia en la vigilancia del uso adecuado de medicamentos vitales no disponibles genera errores en los diagnósticos de prescripción que se encuentran registrados en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); además, la regulación internacional consignada en la Circular 03 de 2013 no representa un control real sobre los precios de estos fármacos.

Esta medida tiene como referencia a 17 países –entre ellos Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Reino Unido y Francia–, en los cuales se analiza el valor del medicamento en las bases de datos de sus sistemas de salud, en las que muchas veces no aparecen ya que son muy nuevos y tratan enfermedades no muy conocidas, por lo que este mecanismo resulta ineficaz.

La química farmacéutica explica que “esta problemática evidencia vacíos gubernamentales y legales que generan que se esté implementando una metodología no acorde con la naturaleza de estas enfermedades, que requieren que sus autorizaciones sean urgentes y cuya ausencia de precios en las bases de datos de otros países desemboca en asimetrías de sus costos”.

“Aunque es importante que estos medicamentos entren al país para atender a los pacientes con enfermedades graves, las vías de acceso se deben ser controlar, ya que en algunos de ellos se están generando sobrecostos que representan grandes inversiones económicas para el sistema de salud”, señala.

Además, indica que es indispensable determinar si los pacientes se pueden manejar por medio de otra alternativa farmacoterapéutica, o sea con tratamientos alternos sin necesidad de prescribir medicamentos vitales no disponibles que resulten de alto costo.

En su opinión, “entes como el Invima deben tener una regulación estricta, pues se encontró que en las bases de datos de esta entidad el 9 % de las prescripciones médicas no reportan un diagnóstico claro, lo cual puede resultar incongruente en el proceso y generar problemas económicos entre las entidades de salud y las farmacéuticas”.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co

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