Final a escondidas y principio esperanzador
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El próximo primero de febrero de este 2011, formalmente da inicio un nuevo sexenio en el Estado de Puebla, un sexenio en el cual se muestra de repente el sello de la posmodernidad en una entidad en la cual en varios lugares ni siquiera se ha llegado a la modernidad. Un Estado de contrastes que se encuentra dentro de los diez con mayor pobreza y marginación siguiendo a Chiapas y a Oaxaca y de acuerdo a los expresado por el aun gobernador electo durante el periodo de campaña, Puebla se encuentra muy por debajo de la media nacional, si no es que en el sótano en los principales rubros medidos.

Durante la campaña y dentro de lo que modernamente se conoce como sistema de propuestas, de oferta política para la obtención del voto ciudadano, los poblanos vivimos la novedad de recibir como principal propuesta un conjunto de ofertas multicolores que se enmarcaban dentro del coctel final de contar con una administración moderna, eficaz, eficiente, legal y legítima, que tomaba lo mejor de la izquierda y derecha para pugnar por combatir a fondo la pobreza extrema;  pero también, tomó de la derecha liberal, de la izquierda democrática, del centro social-demócrata, junto con la sociedad civil anhelante de un auténtico Estado de derecho, la promesa de refundar al Estado poblano, que quedara alejado de las tradicionales acciones del corporativismo, clientelismo, caciquismo, autoritarismo, nepotismo, corrupción, tráfico de influencia, subordinación del legislativo, control del judicial, sometimiento de los ayuntamientos, ahogamiento a la libertad de pensar y escribir (libertad de prensa), control al partido del gobernador,  represión a los movimientos sociales, etc. etc.

La administración que termina, a pesar de la presentación de un informe ante las masas, institucionalmente sale por la puerta chica, lo hace casi a escondidas a través de algunas decisiones que institucionalmente vinieron a ratificar el cómo el uso del derecho, se instrumentalizó para aparentar que se cumplía con la legalidad y la constitucionalidad: a saber: a) una reforma manipulada a la Constitución local, para autofiscalizarse la casi totalidad de la cuenta pública; b) la misma manipulación Constitucional, para entregar el sexto informe antes de la fecha tradicionalmente reconocida (15 de enero), queriendo hacer  comparaciones con el ámbito federal, pero la copia fue burda y ridícula; c) la entrega por escrito del informe tuvo el claro interés personal del gobernante, de dejar testimonio del cómo se institucionaliza un pisoteo a la soberanía popular representada por una legislatura adversa, que con dicho desprecio institucional fue achicada dicha legislatura para terminar dar el siguiente acto; d) una glosa ratonera celebrada en lo obscurito, con los diputados divididos y arrinconados en sus comisiones, carentes de información, que al final de cuentas terminaron ridiculizados y avasallados. Y, e) decisiones finales encaminadas a ser endosadas al nuevo gobierno, intentando convidarle los principales defectos del marinismo, opacidad y pago de facturas al clientelismo, que finalmente no prosperaron, por lo menos desde los datos institucionales.

Sí, el incremento del pasaje en 20% frente a una inflación del 4.5%, no tuvo explicación, más que el pago de acuerdos previamente establecidos en donde  el apoyo incondicional por actividades de lealtad política se debían cumplir, ya que el despedazamiento del programa de modernización del transporte  no era suficiente; y qué decir del festín final por la opacidad, de coronar la sepultura de la Comisión de Acceso a la Información  (CAIP), de ser todo menos un órgano institucional para la transparencia.

En suma: los poblanos esperamos si no la terminación de un régimen autoritario propio de sociedades atrasadas, si la muestra, el inicio de la construcción de una nueva vía institucional para que Puebla sea un Estado donde reine el respeto a la libertad, a la igualdad ante la ley y sobre todo la apertura a la transparencia gubernamental.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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