Medidas de protección afrontan vacíos como el seguimiento de casos de violencia intrafamiliar
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16 de mayo de 2023

Las medidas de protección están conformadas por una serie de mecanismos que buscan preservar la vida de quienes están expuestos a violencia intrafamiliar. Sin embargo, la mayoría de las veces, el seguimiento de los casos se queda en una revisión a la vivienda por parte de la Policía cada cierto tiempo, pero no se tiene en cuenta el lugar de trabajo de la víctima ni otros espacios en los que puede estar vulnerable e insegura ante su agresor.

Según la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, hasta febrero de 2023 se presentaron más de 8.000 casos de violencia intrafamiliar en el país, lo cual resulta alarmante, ya que la información de la Procuraduría General de la Nación muestra que durante 2022 cada 3 horas en promedio una mujer era víctima de violencia intrafamiliar, es decir 128 diarias, y además hubo 614 feminicidios ese año.

La profesora Adriana Márquez, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica que “la prevención debería ser una prioridad en estos casos, pero se ha caído en un método reactivo, o de reacción, que no funciona y que se queda corto debido a la falta de recurso humano y físico para atender los casos”.

“Muy rara vez las medidas de protección se extienden al día a día de la víctima, lo cual resulta infructuoso porque existen lugares distintos de la vivienda a los que se debería extender la medida, como su lugar de trabajo, sitios en los que comparte con su familia o amigos, o cuando sale de viaje, que hoy no se tienen como la prioridad”, asegura la experta.

Añade que “hace falta fortalecer el componente preventivo desde las Secretarías Distritales –como la de la Mujer o la de Cultura–, ya que, sobre esta última, por ejemplo, en el imaginario ciudadano colectivo este es un lugar que organiza eventos y actividades de entretenimiento, pero no es solo eso, y se invisibilizan sus funciones y el papel que tiene en cuanto a la construcción de cultura ciudadana en temas como las relaciones familiares, el cuidado de las relaciones entre vecinos, en el espacio público o en movilidad”.

¿Qué es una medida de protección?

Estas medidas forman parte de un proceso administrativo que busca restablecer los derechos de las víctimas, en este caso en la jurisdicción de familias, que es controlada por las comisarías de familia, las cuales –gracias a la Ley 2126 de 2021– tienen la facultad de adoptar decisiones sobre las personas en los casos de violencia intrafamiliar, que en la ley también son aquellas que no viven en el mismo lugar que la víctima, como las exparejas o los miembros lejanos del núcleo familiar como tíos, suegros o abuelos, entre otros.

Con la medida de protección lo que se busca es que el agresor no pueda acercarse a cierta distancia de la víctima, o tenga que alejarse de la casa y evitar convivir en el entorno familiar.

Aunque las comisarías de familia son las encargadas de elegir la medida más pertinente, como la del alejamiento, en muy pocas ocasiones estos centros verifican que en el terreno las órdenes se estén cumpliendo.

“Lo que se hace es remitir una orden para que la policía –desde los Comandos de Atención Inmediata (CAI), las estaciones o los cuadrantes– tenga presentes los casos y realice visitas ocasionales, y en siguiente instancia también se notifica a la Fiscalía General de la Nación, que de la misma manera está llamada a atender los casos”, indica la profesora Márquez.

El volumen de los casos de violencia intrafamiliar es tan alto, que resulta difícil que, con la poca institucionalidad y presencia en los territorios, se atienda cada uno de manera profunda, y en consecuencia las medidas de alejamiento se quedan ahí.

Así, las demoras en las decisiones se dan especialmente en el accionar de las instituciones, que en el caso de las comisarías en Bogotá –37 distribuidas en las 20 localidades– no dan abasto con todas las denuncias que se presentan.

“Existen otras medidas que también forman parte de la protección y el restablecimiento de los derechos de la víctima –entre ellas el tratamiento psicológico y los cursos de manejo del conflicto–, las cuales muestran que algunos intentos se hacen a partir de la prevención y no solo de la restricción, pero de ahí a que se cumplan con todo el volumen de solicitudes existente es otra cosa”, señala la experta.

“Las mujeres deberíamos poder tener la confianza de acudir a sitios como las secretarías y no solo obtener una orientación, sino también sentirnos abrigadas y acompañadas frente a los casos de violencia, que obviamente están inmersos en una cultura machista que necesita ser abordada, por ejemplo, desde las instituciones educativas, pero esto no se está haciendo”, concluye.

Fuente: agenciadenoticias.unal.edu.co