Creación de nuevos delitos en el Código Penal potencia una crisis en el sistema
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23 de noviembre de 2022

Leyes como la de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022), que entró en vigencia el presente año, creó delitos como la toma de posesión pacífica de inmuebles y obstrucción a la función pública. “Dicha normativa impacta el Sistema Penitenciario con la idea de que a mayor amenaza de pena, menos delitos, la cual ha provocado que el país tenga una justicia ineficiente que es fuente de impunidad”.

Así lo afirma el profesor Estanislao Escalante, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien agrega que en “Colombia no tenemos políticas públicas que busquen resolver problemas sociales, y en cambio, el legislador propone sancionar conductas a través de la imposición de nuevos delitos, aumentar las penas y aplicar una criminalización excesiva a los problemas sociales, y esto es lo que ha servido para cultivar una gran crisis”.

“El Congreso de la República crea leyes en vez de solucionar las demandas sociales, y crea tipos penales para criminalizar las conductas, lo que se ha visto claramente con la protesta social”, agrega.

Menciona que “en ese sentido, la respuesta se ha dirigido a penalizar la obstrucción de vías públicas o a imponer, de manera desproporcionada, el delito de ‘concierto para delinquir’, en vez de solucionar los problemas sociales fuente de la demanda popular”.

Ante este panorama, el grupo de investigación Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” (POLCRYMED) de la UNAL, viene haciendo un análisis del sistema penal de justicia para evidenciar las crisis que este presenta y cómo deberían ser abordadas por los entes competentes.

El resultado de dicho trabajo se reúne en el libro Debates y aportes al Sistema Integral de Derecho Penal:Obra homenaje al profesor Jorge Arenas Salazar, el cual acaba de ser presentado.

Cabe destacar que esta obra colectiva de investigación rescata la idea de un sistema integral de justicia penal en el cual se articulen disciplinas como el derecho penal sustancial, el procedimiento penal, la política criminal y la criminología, vistos como una articulación integral, constitucionalmente orientada y garantista.

El grupo de investigadores, conformado por egresados, estudiantes y suscritos, compiló artículos de investigación de autores de diferentes países, quienes desde su perspectiva analítica e investigativa han evidenciado diferentes problemáticas en el sistema penal.

A partir de la criminología y la política criminal, el equipo realizó una aproximación a la realidad social a través de métodos de investigación cualitativa que le permitió determinar que una de las grandes crisis radica en las demandas tanto de lucha contra la impunidad como de eficiencia al sistema, otorgándole al derecho penal la responsabilidad de resolver los conflictos y los problemas sociales, cuando estos deberían ser atendidos por políticas públicas diversas.

Por otra parte, se indica que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de ser una institución que tiene una gran responsabilidad con el país, no responde de manera adecuada frente al delito y es deficiente en el desarrollo de la persecución efectiva y eficiente del delito.

“En Colombia se han producido condenas exorbitantes en algunos casos por decisión de los jueces, mientras en otros, por ineficiencia de la Fiscalía y errores en procedimientos judiciales y policiales, se termina dejando en libertad a delincuentes, lo que genera una sensación de impunidad y desigualdad del sistema”, señala el profesor Escalante, uno de los editores de la publicación.

A esta situación se suman los índices de corrupción que se han presentado en las Altas Cortes y en las decisiones judiciales. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia por Colombia, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 87 entre 180 países evaluados, lo cual indica niveles de corrupción preocupantes en el sector público.

¿Qué se debe reformar?

Una de las principales alternativas que plantean los investigadores en el libro es crear una estrategia pública de política penal para prevenir y controlar los grandes daños que hacen los grupos de poder económico y político al Estado y a los ciudadanos.

“Para lograr un cambio estructural, los poderes legislativo y ejecutivo deben escuchar a las poblaciones vulnerables y las demandas sociales que presentan. Paralelo a esto, se deben buscar alternativas a la penalización y fortalecer las garantías en el proceso penal en vez de limitarlas”, indica el académico Escalante.

Este libro, que homenajea la vida y obra académica de Jorge Isaac Arenas Salazar, abogado y Profesor Emérito de Excelencia Académica, ya se encuentra disponible al público.

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