Redacción

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30 de junio de 2023

Además de evidenciar las deficiencias en nuestro sistema de salud con la consecuente y lamentable pérdida de vidas, la pandemia también dejó importantes lecciones en materia de democracia y participación política ciudadana.

De acuerdo con el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Armando López Leyva, después de la experiencia del confinamiento por la COVID-19, el sistema electoral tiene que trabajar en esquemas de votación distintos a los del sufragio presencial, acelerando algunos procesos para concretar el voto electrónico o sufragar a distancia, cuidando los protocolos de seguridad necesarios para garantizar elecciones confiables.

En entrevista indicó que estas y otras iniciativas se plantean en el tomo 8 (de 15) de la colección “La década COVID en México. Los desafíos de la pandemia desde las Ciencias Sociales y las Humanidades”, en el que académicos e investigadores analizaron cómo los efectos de la pandemia se entremezclaron con la democracia, toda vez que implicó un proceso de toma de decisiones especialmente en cuestiones de atención a la salud, pero además en otros ámbitos en los que de cualquier forma afectó.

Por ejemplo, comentó que si bien había una tendencia autocratizante en México y en otros países de América Latina, en donde las decisiones de gobierno se concentraron en un solo poder o una sola institución, con la emergencia sanitaria se reforzó y se profundizaron aspectos negativos en relación con las libertades civiles y los derechos políticos.

Agregó que, en la segunda parte del volumen Democracia en Tiempos Difíciles, los especialistas analizan la aplicación de políticas públicas y la toma de decisiones en distintos aspectos, empezando por las políticas de salud.

En ese sentido, recordó cómo algunas instituciones, como el Congreso de la Unión o el Instituto Nacional Electoral, se vieron obligadas a ajustar sus protocolos de participación para dar continuidad a las sesiones, teniendo en cuenta que sus actividades no se podían paralizar.

Otro tema que no podía pasar por alto, señaló López Leyva, fue el de las omisiones y el manejo de la información pública gubernamental relacionada con las acciones para contener la pandemia, y en donde hubo falta de transparencia en los datos que se trasmitieron al público en general.

La publicación -coordinada por Miguel Armando López Leyva y Laura Montes de Oca Barrera- considera también algunas propuestas para apuntalar las políticas públicas específicas, en caso de que se presenten situaciones de emergencia similares a las de la COVID-19 y que necesariamente requieren de políticas de mayor alcance.

“Hay que garantizar la efectiva división de poderes, pues aunque este es un tema que se contempla en la Constitución, en la práctica hay ciertas desavenencias sobre cómo funcionan los poderes públicos, pero es un hecho que, incluso en momentos de crisis como esta, es importante que los poderes hagan su función”, refirió.

Al respecto, estimó que en el análisis es esencial poner especial atención al tema de la polarización política que rebasa la esfera de la confrontación entre dos bloques, los cuales se identifican con posturas políticas distintas, pero traspasan hacia una barrera social.

“El tema es propiamente la pandemia porque muchos liderazgos que asumieron -y en México no es la excepción-, lo hicieron a partir de lo que ya teníamos antes de la pandemia que era un liderazgo centralizado; es decir, ha tendido a centralizar muchas decisiones y políticas personalistas”.

En medio de esa polarización se minimizaron los contrapesos; con esa visión centralista y personalizada se impidió que se hicieran numerosas cosas, entre ellas, resistencia a escuchar a los expertos. La propia UNAM cuenta con un amplio espectro de especialistas quienes nunca fueron consultados y se optó por manejar información poco confiable, subrayó.

López Leyva afirmó que hasta ahora los análisis sobre la política democrática no habían sido sistematizados, por lo que esta obra, que forma parte de la colección universitaria “La Década COVID en México. Los desafíos de la pandemia desde las Ciencias Sociales y las Humanidades”, se constituye en una primera aproximación y una adecuada contribución para entender la democracia en tiempos difíciles, porque el tiempo de la pandemia ha resultado muy complicado y para la democracia no es el mejor tiempo.

Boletín UNAM-DGCS-501/2023

Rocío García Olmedo

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26 de junio de 2023

Palabra de Mujer

Las mujeres somos aliadas estratégicas cuando de causas se trata. Muchas causas han sido las que nos han unido a lo largo de la historia, todas, se suman en una, nuestros derechos.

Si bien diferentes han sido los métodos que cada una usamos para incidir, hemos sin duda avanzado, pero también reconocemos los retrocesos que hemos vivido en este sexenio. Nuestros derechos han sido vulnerados.

Todas sabíamos que uno de los focos rojos por lo que representaba a nuestros derechos, estaba en esas propuestas constitucionales que el ejecutivo envió y que él mismo definió como su plan A y su plan B para reformar la Constitución Política y diversas leyes en materia político electoral que trastocaban no solo procesos electorales que estaban en marcha, además habían sido aprobadas sin análisis, sin estudio y violentando gravemente el proceso legislativo, peor aún sin siquiera conocerlas como quedó bien documentado.

Más aún si consideramos también, que el presidente nos dejó muy claro el objetivo de sus iniciativas: reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE), regresar el manejo de los procesos electorales al gobierno, intervenir en el padrón electoral, recortarle recursos, eliminarle el 85% del servicio electoral profesional, entre otros; todo, en clara afectación a los procesos electorales que vivirá el país en 2024, pero también tenían afectaciones a nuestros derechos adquiridos, entre otros, el Principio Constitucional de Paridad, ponía en riesgo lo que conocemos como 3de3 ningún agresor con sentencia firme en el poder público, que como bien se ha dicho, no tiene dedicatorias, tiene destinatarios.

Por fortuna las innumerables impugnaciones presentadas por diferentes actores, fueron abordadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarando su inconstitucionalidad.

Sabemos que los ministros y ministras de la Corte (SCJN) tienen como función ser garantes y guardianes de la Constitución Mexicana y fungir como mediadores en las controversias constitucionales, enorme responsabilidad de gran importancia que al presidente le molesta.

Conocer el Resolutivo al plan A y al plan B, provocó la furia del presidente en contra de la mayoría de Ministros y Ministras de la SCJN, arremetiendo contra ellos y ellas, especialmente en contra de su presidenta, olvidando convenientemente, que en nuestro país la división de Poderes es la base de la organización política, que si bien el Poder Ejecutivo que él representa ha ejecutado todas sus propuestas, como lo ha hecho el Poder Legislativo “sin cambiar una sola coma” atendiendo a todas sus instrucciones; el Poder Judicial representado por la Corte ha sido el que ha asumido con una gran responsabilidad su autonomía cumpliendo con la división de Poderes.

Por ello hoy, el presidente ha emprendido una nueva estrategia, cambiar la forma en que se eligen a los integrantes del Poder Judicial; e insistir en someter al INE mediante una nueva reforma constitucional que presentará inmediatamente después de las elecciones del 2024 y antes de la conclusión de su cargo. Para ello lanza su plan C, se trata de que ganen las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, para que le aprueben estas reformas constitucionales que por serlo requieren de mayoría calificada. Y lo dicen como si fueran a ganar todo, cuando falta todavía “que corra mucha agua” en este proceso electoral adelantado.

Pero las mujeres nos estamos alistando, no permitiremos más retrocesos, por ello reiteramos nuestra alianza estratégica ante todo esto.

No permitiremos que se tergiverse el Principio de Paridad; debemos estar pendientes del Acuerdo que determinará el número de mujeres que contenderán para las 9 gubernaturas que se eligen en el 2024, porque caminamos de la paridad cuantitativa hacia la paridad cualitativa; porque tenemos que vigilar la armonización en todas las Constituciones estatales de la reforma Constitucional de la 3de3 y su aplicación, establecer los mecanismos y las herramientas para contar con un Registro Nacional y estatales en coordinación interinstitucional (INE-DIF-Fiscalías) que incorpore a las personas sancionadas por delitos de violencia familiar, violencia sexual y deudores alimentarios, para lo cual requerimos que las autoridades judiciales se obliguen a eliminar la impunidad existente en delitos contra mujeres; porque también entre otros, debemos vigilar que los partidos políticos ya no sólo

soliciten para sus postulaciones cartas bajo protesta de decir verdad, sino hagan uso de las Cartas de Idoneidad y Elegibilidad en cargos de elección popular.

Por eso no podemos dejar que personajes sin propuestas de reconstrucción y sin agenda de mujeres lleguen a cargos, mucho más porque sabemos que cuando de causas se trata, las mujeres somos aliadas estratégicas.

@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
rociogarciaolmedo.com

René Sánchez Juárez

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26 de junio de 2023

El extinto líder Fidel Velázquez usaba una frase para referirse a los posibles sucesores del presidente en turno “el que se mueve no sale en la foto” con la que daba a entender que los aspirantes no deberían hacer campaña o figurar más que el presidente, hasta que no fuera destapado. Hoy todo indica que los candidatos tienen que promocionarse porque ya fueron destapados por el mismo presidente, incluso a los de oposición.

Hace 15 días hablábamos en este espacio sobre el método que utilizaría Morena-PT-PVEM para elegir al Coordinador para la Defensa de la Transformación, mismo que será el candidato para la elección presidencial de 2024 y cómo estaban adelantando el proceso de precampaña, que legalmente será en el mes de noviembre.

Con esta presión, la oposición se vio obligada a acelerar su proceso de selección de candidato presidencial, el cual fue avalado este fin de semana por los partidos políticos que integran la alianza electoral de “Va por México”, PAN-PRI-PRD y acordaron estos términos:

Los aspirantes deberán recolectar 150,000 firmas como requisito para avanzar en las etapas de selección, así como otros filtros para garantizar que el candidato o candidata cuente con un perfil competitivo y pueda enfrentarse al representante de Morena, estas firmas que recolecten todos los aspirantes servirán como una especie de padrón de la oposición.

Para aquellos que reúnan las firmas necesarias participarán en el “Gran foro de exposición por México”, que contemplará un debate de ideas entre los aspirantes. También se contemplan una encuesta que no han definido la metodología.

Conformarán un comité para el formato de las elecciones primarias, donde habrá foros entre los tres finalistas, en la última etapa se aplicará una nueva encuesta con una ponderación del 50% y una votación en los 300 distritos electorales que valdrá el otro 50%.

El proceso tiene tantos pasos como candidatos, por parte del PRI podríamos incluir a Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, José Ángel Gurría, Alejandro Murat, Ildefonso Guajardo y hasta Alejandro Moreno; por Acción Nacional, Santiago Creel, Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez y el PRD podría presentar a Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles.

Ellos también tienen la amenaza del INE por posibles actos anticipados de campaña, por lo que han copiado la misma estrategia que Morena, al nombrar al ganador como el “responsable nacional para la construcción del frente amplio opositor” para evitar sanciones.

Todo indica que será en septiembre cuando también se conozca al candidato o candidata de la oposición, así como el de Morena, por lo que habrá una campaña de casi 10 meses, la más grande que se ha tenido registro.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.

René Sánchez Juárez

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19 de junio de 2023

Con el anuncio de la semana pasada, donde los cuatro aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación, léase la candidatura a la presidencia de la república, por lo que de inmediato la autoridad electoral ha puesto sus ojos en el proceso que están llevando los partidos de Morena, PT y PEVM.

El proceso electoral del 2024 aún no comienza de manera formal, por lo que los aspirantes deberán tener mucho cuidado en sus reuniones ya que la Comisión de Quejas del INE ha ordenado que no hagan llamados al voto, que no promuevan la plataforma de Morena y no hagan promesas electorales.

De llegar a violar estos lineamientos, pueden derivar en que pierdan el derecho a participar en las elecciones presidenciales de 2024. Debemos recordar el proceso electoral del 2021, donde el INE retiró el registro a Félix Salgado Macedonio por incumplir con el informe de gastos de precampaña.

Para este proceso el presidente de Morena anunció que sí habría un financiamiento de 5 millones de pesos para cada uno de los aspirantes, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como para los militantes del PT, Fernández Noroña y del Verde Manuel Velasco. El presupuesto será exclusivo para cubrir gastos de logística y viáticos durante los recorridos por todo el país.

Las quejas de la oposición ante este proceso son por la anticipación de los candidatos de Morena-PT-PVEM ya que, de acuerdo con las leyes electorales, el proceso electoral 2024, comenzará en la tercera semana de noviembre, que incluye, precampaña, campaña y jornada electoral. Y debería ser en la precampaña donde los militantes de un partido político deberían definir las candidaturas a través de la promoción sólo ante la militancia.

Por ello la importancia de que las “corcholatas” tengan un correcto manejo sobre los discursos ante sus simpatizantes, para evitar actos anticipados de campaña, ya que incurrirían en una ventaja indebida en detrimento de los demás aspirantes vulnerando el principio de equidad en la contienda.

Por lo que las reuniones podrán ser sólo informativas con militantes, no podrán hacer llamados explícitos a votar, ni por ellos mismos ni en contra de otros personajes o partidos políticos, no podrán dar a conocer sus propuestas de gobierno, ni promover la plataforma de su partido político, así como tampoco promoverse en comerciales de radio o televisión.

Para dar seguimiento a las reuniones los aspirantes deberán entregar el calendario de los eventos por semana y entregar un control de gastos para que sean auditados por el INE.

Los aspirantes se encuentran ante una gran oportunidad de recorrer el país por dos meses, pero también se encuentran al “filo de la navaja electoral” donde un error en su discurso o logística podría ser acusado de actos anticipados de campaña e incluso perder el derecho al registro, ya que los precedentes existen. Con el anuncio del ganador en septiembre, el candidato de la coalición podrá hacer precampaña ya con la candidatura en la bolsa.

René Sánchez Juárez (@rene_froc) es politólogo,sindicalista y catedrático de la BUAP.