BOGOTÁ D. C., 13 de marzo de 2021 — Agencia de Noticias UN-
En ese sentido, la profesora Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica que al 9 de marzo de 2021 había 4.981 ensayos clínicos registrados en la página ClinicalTrials y 2.004 sobre intervenciones farmacológicas.
Si bien ya se cuenta con algunas vacunas de emergencia aprobadas, aun se adelantan ensayos farmacológicos en distintas fases para encontrar alternativas, aunque la poca efectividad probada de varios de estos pone sobre la mesa los dilemas éticos de los voluntarios para estas pruebas.
La abogada Diana Bernal, doctora en Bioética y Biojurídica, explica que incluso se debió proferir una normativa específica que regulara las investigaciones en el marco de la pandemia porque estas “saltaban la barrera de lo que normativamente hay en el país”.
“Algunas recomendaciones éticas –como las emitidas por la OMS y la OPS– para ensayos controlados no contemplan explícitamente una preocupación por los derechos humanos de los participantes; se infiere la protección en los requisitos, pero sería bueno que en los ensayos futuros se incluyera y no se limitara a la regulación vigente”, indicó la abogada Bernal durante la clase abierta “Las consideraciones éticas, los dilemas y los cuestionamientos de la investigación clínica en COVID-19 (ensayos de vacunas y de tratamientos)”.
Afán por buscar la cura
Para el médico Boris Pinto, doctor en Bioética, esta no es la primera vez que enfrentamos un brote de este tipo, y experiencias previas, como el H1N1 y el aprendizaje del ébola permitieron que surgieran guías acerca de cómo acercar a los pacientes a los ensayos clínicos. “Seguramente, tras la COVID-19 saldrán nuevos lineamientos”, subrayó.
Sostuvo además que “la gran cantidad de ensayos e investigaciones obedecería a que la pandemia afectó a países tanto ricos como pobres; si solo hubiera afectado cierta población no habría tanto afán y plata para buscar una cura”.
“Esas guías enfatizan los requisitos éticos, vectores para tener en cuenta cuando se diseña un protocolo de investigación o lo evalúa un comité de ética, el valor social de la investigación, el para qué y por qué, su importancia, pertinencia y justificación”, recalca el profesor Pinto.
Agrega que otro punto de análisis es la elección equitativa de participantes, que si bien muchas investigaciones de vacunas aprovecharon la curva epidemiológica para reclutar voluntarios y tener datos en tiempo récord, también hay indicios de que muchos países habrían entrado en acuerdos que favorecían ese reclutamiento a cambio de acceso prioritario a dosis de las vacunas aprobadas, lo que afectaría esa libre selección.
Un tercer punto que toca el doctor Pinto es que se deben generar capacidades locales para resolver no solo la coyuntura sino también escenarios incluso más locales que no se han logrado mitigar y gestionar ante la ausencia de una autonomía farmacéutica, por ejemplo, y que una solución sería la investigación participativa basada en la comunidad en el sentido amplio, científica, política, etc.
Límites de la tutela
La profesora Vaca recalcó que aunque en Colombia se hizo un esfuerzo para tener disponibles las vacunas contra el nuevo coronavirus, también se debe considerar que su entrada ha sido lenta; la privatización, las variables internacionales y el secretismo de los productores han “echado por la borda” los esfuerzos porque se tienen vacunas, pero no en todos los lugares de la misma forma.
“Ante el escenario de escasez, el Gobierno anticipó que se llegara a usar la tutela para acceder a las vacunas, que se debían priorizar según unos criterios epidemiológicos y clínicos para vacunar de forma escalonada, por lo que el panorama plantea unos dilemas éticos que garanticen el acceso a todos”, señala la docente.
Según la doctora Bernal, en el Congreso ya cursa el proyecto de ley 399 de 2021, que permitiría la entrada de los privados para la venta de vacunas, la cual incluye una estrategia justamente para que las personas no se salten la fila.
En ese sentido, se determina que solo se podría acceder a vacunas privadas desde la tercera fase y se insta al Gobierno a regular sobre el acceso, el sistema de precios y las reglas en la práctica para evitar que al país lleguen alteraciones o falsificaciones, y que, en caso de escasez de las vacunas, la prioridad de compra la tenga el Gobierno nacional.