15 de noviembre de 2012
En el camino hacia el inicio de la administración pública federal 2012 – 2018, se ha dado el primer paso: la reorganización Constitucional y legal para marcar una etapa nueva en este México de democracia joven como se le califica en el ámbito académico, pero al fin un país que vive en un régimen democrático en el cual, el poder público se encuentra repartido entre todos los partidos políticos nacionales, varios partidos estatales en los niveles: federal, estatal y municipal; además del poder con el cual se desempeñan organismos públicos, muchos apuntalados con propuestas de la sociedad civil.
Esto es, se reorganiza la administración pública federal, para responder al creciente y complejo reclamo social; pero también, con el anhelo de construir un buen gobierno federal, que parece otorgarle sentido al Estado federalista, que en el tema de la seguridad pública y la readaptación social se relajó en el sexenio que termina, afectando los ámbitos estatal y municipal, ante una guerra cuestionada, que el saliente Presidente de la república declaró en contra del crimen organizado, provocando confusas políticas de seguridad pública y también una deficiente política pública en materia de readaptación social, que evidencia la creciente crisis y conflictos en los penales mexicanos.
Aunque el aún presidente de la república, en entrevista de este 14 de noviembre con el periodista Carlos Marín, a pregunta expresa, evadió responder que usó el concepto de guerra primero, para después emigrar al concepto de de seguridad pública, defendió su actuar inclusive al sostener que sí hay “inteligencia” de Estado, respondiendo a críticas del presidente electo, negando una fallida política de seguridad. Quizá la descomposición de la seguridad pública y como añadidura, de la seguridad nacional en algunos campos, pudo haber sido el resultado de la decisión apresurada de haber declarado políticamente la guerra del Estado mexicano en contra del crimen organizado, bajo el criterio de hacer uso del ejercicio legítimo de la violencia del propio Estado -sin reformas institucionales previas-, como acción legitimadora del poder, que ante los tropiezos, fue tornasolándose en tema de seguridad pública, inclusive llegando a golpear un símbolo histórico de México, como es el federalismo. Jesús Reyes Heroles, calificó al federalismo como bandera del liberalismo frente al centralismo conservador, parece que la reforma sin señalarlo se inscribe en este lucha.
La propuesta de mando único de las policías y aniquilamiento de la policía municipal, reproduciendo el modelo policiaco de la república de Colombia, simplemente en el terreno de los hechos fue ignorando por los gobiernos estatales y municipales emanados del PRI, calificando tal medida como un atentado a la autonomía municipal y a la soberanía de los Estados; la reforma de seguridad pública calderonista, se sintió como agresión al sistema federalista mexicano. El calderonismo no valoró que, en 1991 Colombia abandonó el sistema federal para convertirse en una república centralista. De ahí, que la resistencia federalista mexicana en el terreno de la realidad, se manifestar en el no cumplimiento de los acuerdos machacados en la CONAGO, en materia de seguridad pública.
Los gobiernos estatales emanados del PRI en los medios de comunicación diferenciaban incidencia delictiva propia del fuero común, de acciones delictivas de la competencia federal, dejando clara la eficiencia o ineficiencia del gobierno federal. Situación de lucha dividida aprovechada por las organizaciones criminales con resultados nefastos por los miles de pérdidas humanas. La reincorporación de la seguridad pública y la readaptación social bajo de la secretaría de Gobernación anuncia la reorientación del Estado en su papel de garante de la paz y seguridad personal de los mexicanos.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.