26 de octubre de 2012
Formalmente ha sido renovado el Consejo General del IEE en Puebla para un periodo de siete años, pero, políticamente lleva el sello de la ilegitimidad; todo simple y llanamente por la ineficiencia del quehacer de un Poder Legislativo severamente disminuido, consecuencia de los efectos provocados por nuestro ensayo de gobierno alternativo. El soporte primigenio de la ilegitimidad lo produce la nula fijación de procedimientos que transparentaran el proceso que evidencie que los ciudadanos aspirantes cumplen con los requisitos legales, pero sobre todo los requisitos políticos, y en este terreno vuelve a saltar más ilegitimidad.
Desde la federalización y sistematización de los procesos electorales en 1946, la Comisión de Vigilancia federal Electoral, transformada en Comisión Federal Electoral para terminar en Instituto Federal Electoral en el ámbito federal, hasta abril de 1994, fue controlada por el titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación; en las entidades federativas se seguí el mismo esquema: fue necesaria una intensa lucha por la democratización, y la coyuntura de acciones como: el levantamiento armado del EZLN en enero de 1994; el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994; la marcha de la cien horas por la democracia encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas en marzo de 1994, para que el Presidente Salinas diera paso a la ciudadanización de los organismos electorales. Y como consecuencia, Puebla entró en el camino de la ciudadanización con muchos hierros.
Para garantizar la ciudadanización la mirada se puso particularmente en estudiosos de las ciencias humanas y sociales, también en destacados hombres y mujeres exitosos en sus quehaceres, pero desligados del poder público, alejados de la llamada sociedad política. La diferencia en la ciudadanización la hace el estatus del trabajo: unos laboran en la sociedad política, que no es otra que trabajar para el poder público, son ciudadanos ligados y comprometidos en defender los intereses burocráticos del grupo en el poder, son sus empleados y por lo mismo carecen de autoridad para desempeñarse con independencia en el papel de organizar las elecciones, como fundamento de la creación del poder público. En este terreno están también quienes pertenece a la clase política, por ello se prohíbe claramente que dirigentes partidistas y funcionarios de alto nivel no sean considerados para integrar organismos electorales.
Mientras que en la sociedad civil, la parte contraria a la sociedad política integrada por multiplicidad de organizaciones en las cuales laboran los ciudadanos, son el origen por naturaleza apropiado para que salgan de ahí las propuestas para garantizar que los organizamos encargados de organizar las elecciones, sean un árbitro neutral. Su fundamento es muy sencillo, el poder político como dicta nuestra Constitución, radica en el Pueblo, por ello el pueblo representado en el Poder Legislativo, nombra a ciudadanos libres para organizar las elecciones que forman el Poder Público. Pero, si los integrantes de los organismos electorales como ha decidido el Congreso del Estado de Puebla, nombra una mayoría de “ciudadanos” que se han desempeñado como servidores públicos, como empleados de alto, medio o bajo nivel, pero al fin funcionarios públicos; simple y sencillamente se integró un Consejo General del IEE, de servidores públicos y no de ciudadanos, al grado que el presidente designado pregona su ignorancia de desconocer cuantos distritos tiene Puebla. No es novedad, muchos de los nombrados empezarán a aprender Derecho Electoral y en siete años serán expertos, pero la ilegitimidad les seguirá en el futuro. Tenemos una redición de la “procorización” sí la era de los prócoros allá en la última Comisión Estatal Electoral que debía ser “ciudadanizada”.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.