18 de octubre de 2012
El reto del morenovallismo sin lugar a dudas será avanzar en la ciudadanización de los organismos electorales, o en su defecto, optar por la vía del pragmatismo político de la subordinación y el control, para la burocratización de los mismos. Esa es la esencia en la cual el Congreso del Estado como caja de resonancia, está obligado a demostrar frente a la sociedad, después de que ha quedado muy mal. Es momento de reivindicar el poder político que le confiamos los ciudadanos.
Las decisiones democráticas de los gobernadores poblanos, siempre han sido una difícil muralla a brincar, en ese anhelado camino hacia una posible candidatura a la presidencia de la república. Claro que este fenómeno es reciente, data de la reforma federal electoral de 1996 a nuestros días, y desde ahí se ha marcado un seguimiento de los ejecutivos estatales. En tiempos del autoritarismo pleno –del sistema de partido hegemónico-, al contrario, se privilegiaban, aplaudían y premiaban las acciones autoritarias, el caso poblano más objetivos lo encarnó Gustavo Díaz Ordaz que llegó a presidente de la república; Guillermo Jiménez, también después de ser gobernador lideró la Cámara de Diputados y fue secretario de Estado (antesala de las precandidaturas presidenciales). En cambio a Manuel Bartlett, se le atravesó la nueva ola democratizadora provocada por la crisis del PRI a partir de 1988, y tuvo que jugar a favor de la democratización poblana, aunque finalmente casi pierde la mitad del Congreso, la ciudad de Puebla, y no alcanzó la candidatura para dejar a sus sucesor, ni su candidatura a la presidencia de la república, pero con él se ciudadaniza por vez primera el organismo estatal electoral.
Melquiades Morales, no obstante que se apostó por no ser el último gobernador poblano priísta, aceptó los reclamos de la sociedad poblana y de los partidos de oposición al PRI, para que el Código Estatal Electoral sufriera transformaciones dando paso al Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales del 2000; institucionalizando un organismo electoral ciudadanizado. En la práctica tanto de la última Comisión Electoral, como del primer Consejo General del IEE, a pesar de lo que -Pepe Alarcón escriba- se buscaba un cierto equilibrio con voces y votos de consejeros opositores con autoridad para denunciar, cuestionar y en su caso buscar la corrección de hierros propios de las decisiones autoritarias naturales por el peso de los consejeros ligados al gobierno. La fracción parlamentaria del PRI siempre mayoritaria, llevaba mano, adjudicándose también otros consejeros con los votos de la oposición pequeña fraccionalizada; mientras que al PAN se le concedían por lo menos dos consejeros. Quien no recuerda los debates de la Comisión 1995, donde los perfiles académicos legitimaron al organismo electoral, en particular la posición de Israel Arroyo –consejero independiente designado por insaculación-, frente al deterioro y deslegitimación que le imprimieron “Los Prócoros”.
En la administración Marín Torres, se dio un mayor equilibrio en la conformación del Consejo General del IEE con cinco consejeros impulsados por la fracción del PRI, uno por el PRD y otras izquierdas, mientras el PAN impulsó a tres, generándose un consejo de alta calidad en el cual por lo menos cuatro de los consejeros nombrados contaban con estudios doctorales; lamentablemente quien fuera nombrado presidente llevaba encina la debilidad de la autoridad en conocimiento y así se demostró en el terreno funcional. Este equilibrio fue posible por la crisis política, denuncia de autoritarismo y violación a los derechos humanos, que destapó el tema de Lydia Cacho Ribeiro.
Hoy en la era del Morenovallismo, de la forma en la cual sea nombrado el Consejo General del IEE, así como del proceso de nombramiento del TEE, dependerá en mucho la carrera política futura del gobernador. La ola democratizadora, no ha terminado, por el contrario con el regreso del PRI a los Pinos, volverá a retomar mayor fuerza y será un fenómeno que arrastre y degüelle en su camino a muchos actores políticos del presente mexicano. De entrada la “ratificación”, introduce el fantasma de la judicialización en caso de que no se ratifiquen a todos los consejeros inscritos, reeditando ahora sí con elementos el caso López Brun. Lo mejor sería un nombramiento integral, al fin hay talento joven y de alta calidad académica, además de experiencia electoral buscando dignificar el funcionamiento de un IEE ciudadanizado.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.