El municipio libre mexicano, resultado de una larga lucha política e ideológica, al inicio de la segunda década del siglo XXI, sigue siendo polémica su autonomía administrativa y libertad económica, curiosamente el tema sube de tono dentro del contexto de la administración estatal de alternancia en el estado poblano.
Me parece que el asunto es muy claro, que la vigencia del municipio libre con gobierno autónomo, es incuestionable. El fortalecimiento económico además de ser una garantía constitucional a través de la dotación de recursos mediante las participaciones federales, hoy día nadie lo cuestiona; que el ejercicio administrativo dentro de un ámbito de autonomía en el seno de decisiones libres, abiertas y plurales, se vive aunque sea de forma mínima en todos y cada uno de los municipios poblanos, cono consecuencia de varias reformas políticas y electorales. Y por si fuera poco esto, está muy cerca el pueblo para presionar, exigir, reclamar, cuestionar y hasta destituir si se lo propone, a las autoridades municipales que no tengan la capacidad mínima para generar un desarrollo comunitario elemental.
Entonces por qué de pronto se oyen voces que remarcan la autonomía de las autoridades municipales poblanas; por que se oyen gritos que reafirman que ningún presidente municipal debe estar subordinado a una autoridad estatal o federal. Y entonces el mensaje se torna malo por la utilización equivocada de conceptos. Los presidentes municipales por supuesto que no son libres, ni autónomos, ni independientes; por el contrario sólo presidente a la máxima autoridad de Municipio, al Ayuntamiento. El problema resulta que el ejercicio histórico de un presidencialismo autoritario en México, abonó las condiciones para que dicho presidencialismo se ejerciera como gobernadorismo estatal y bajará como patrimonialismo en el espacio municipal en donde los alcaldes se convierten en ciertos momentos en auténticos hacendados, ejerciendo un patronazgo sobre los regidores, y llegando inclusive al impulso de acciones de corrupción a través de los diezmos en la aplicación de recursos en la obra pública. Fenómeno que por cierto en nuestros días se socializa a través de un video sobre conversaciones entre un diputado local y la alcaldesa de San Pedro Cholula.
El gobierno estatal alternativo, encaminado en el sendero de la transparencia, eficacia y eficiencia en la utilización de recursos, ha impulsado a través de la firma de convenios de coordinación entre estado y municipios, una vía de mejores resultados administrativos, pero sobre todo financieros encaminados a eficientar los recursos en la obra pública. Ah pero por supuesto que dicha acción de política pública afecta en primer lugar a las mentes patrimonialistas de los alcaldes, que aun antes de arribar al poder ya se había construida residencias millonarias, adquirido vehículos costosos, con pagos a futuro sobre lo que obtendría en el puesto alcalde. También se sintieron lastimados los micro empresarios muchos de ellos ex regidores o ex alcaldes, que pusieron como negocio constructoras, invirtieron en campañas y por ende reclaman la entrega de obra pública altamente fraccionada para que ésta no sea licitada.
El municipalismo debe abrirse a debate, debe convertirse de nueva cuenta en un tema recurrente, con el fin de replantarse nuevas amenazas, que al lesionar el ejercicio de gobiernos respetuosos de la ley, el daño que se produce repercute negativamente en el ámbito del desarrollo social y desarrollo humano de la comunidad. Y precisamente los acuerdos de coordinación o de colaboración entre gobierno del Estado y municipios, se convierten en una importante garantía para que los recursos financieros se cuiden y se destinen en beneficio del desarrollo comunitario.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
M ás de la obra de Raymundo García García:
- Maximización de la reforma electoral poblana
- Definiciones competitivas hacia el 2012
- La guerra, la seguridad jurídica y el pacto
- Municipalismo a prueba