Dentro de las teoría de la democratización en México como consecuencia de la necesidad de impulsar una transición de un régimen autoritario a uno de tipo democrático, la diversidad de enfoques podría ser reducida en por lo menos dos posiciones encontradas una de que se genera de manera natural un proceso de mejora democratizadora por la propia dinámica del estado y la sociedad, y la otras que de un régimen autoritario obligadamente se debe luchar para la construcción de un auténtico régimen democrático moderno; está visión se impuso por la vía de reformas institucionales y luchas electorales desde finales de los años setentas que permitieron producir gobiernos alternativos al PRI en los municipios, en 1997 e la cámara de diputados del Congreso de la Unión y en el año 2000 en la presidencia de la república. Las entidades federativas no siguieron el mismo patrón.
Así, desde los partidos políticos nacionales más importantes tres líneas de interpretación y justificación se han defendido: para el PRI, México siempre ha sido democrático y solamente se vive un proceso lento y necesario de mejora democratizadora; para el PAN, el régimen de la revolución, o sea el instaurado por el PNR en 1929 que trasmutó a PRI en 1946 con el experimento del PRM en 1938, ha sido autoritario y a través de procesos de reforma institucional, de construcción de una cultura política democrática y elecciones competitivas que lleven a la alternancia en el ejercicio del poder se impulsa la democratización; y para el PRD, la democratización es el resultado de una reclamo desde la sociedad civil y los movimientos sociales, a partir de las luchas de los años sesentas del siglo XX, que por la vía de la movilización social y de la participación en elecciones puede construirse un sistema democrático de tipo social, que sustituya en régimen autoritario.
Lo anterior se menciona ante la turbulencia que se ha generado a partir del día 27 de marzo y días posteriores dentro del camino hacia las elecciones del Estado de México: la mayor entidad poblada, con el mayor número de distritos electorales federales, que en su historia electoral reciente han mostrada sus ciudadanos decisión para instaurar gobiernos alternativos al PRI en el ámbito municipal con administraciones emanadas del PA y del PRD y que junto con la alternancia en el gobierno federal, el estado de México experimento un malogrado gobierno dividido en donde el gobernador emanó tradicionalmente del PRI y la mayoría opositora en el Congreso emanó del PAN, la cual fue aniquilada de forma empírica a través de convertir a los diputados locales mexiquenses albiazules en diputados independientes por acciones específicas del poder autoritario tradicional estatal con sede en Atlacomulco.
Para el retorno del PRI a la presidencia de la república, la conformación del poder estatal ha sido fundamental, inclusive, el poder de los Estados en manos de los gobernadores ha sido utilizado para apostar por la presidencia o al final de cuentas negociar posiciones y apoyo económicos y de poder excelentes, ante una inminente derrota del PRI como sucedió en el año 2006. En 2005 e el Estado de México como en otras entidades entre ellas Puebla y Veracruz en el 2004, probaron que por la inercia democratizadora de la competencia electoral progresiva y ascendente, no era posible democratizar a los Estados; que inclusive, el desgajamiento que el PRI sufrió de manera institucional con la creación del PANAL por el SNTE, al final de cuentas no serviría de gran apoyo si al final de cuentas este nuevo partido apoyaba al PRI en las elecciones de gobernador como lo hizo en la mayoría en 2010, pero también apoyó al PAN y PRD en otras entidades que fueron las menos.
Sin embargo, la manera por la cual se fue conformando la coalición opositora encabezada por Gabino Cué en Oaxaca, abrió un camino novedoso para que de pronto los transicionistas se dieran cuenta de una importante herramienta para dar un impulso más en contra de resabios del régimen tradicional de tipo autoritario que se había enquistado en algunas entidades federativas, entre ellas por supuesto el Estado de México en las elecciones de este año. La oportunidad de concentrar la experiencia coalicionista es innegable: hay una consulta a la ciudadanía; a pesar de lo que diga el PRD existe la posibilidad de conjuntar esfuerzos con el PAN para ir coaligados, la coalición entre PRD y PAN se ha convertido en asunto del Estado mexicano y de entrada el ejercicio ya dio frutos: detener la continuidad del grupo Atlacomulco. Algo parecido a lo que sucedió en Puebla cuando Melquíades Morales Flores apeló a la consulta democratizadora en el PRI, a la que cedió Manuel Bartlett para que al final éste no llegara a la candidatura a la presidencia, ni tampoco a la presidencia nacional de su partido y se profundizara la crisis del PRI Puebla para que al final se diera un gobierno alternativo. Así, como varios comentan, la consulta ciudadana obligó al cambio de candidato en el PRI, aunque se proclame unidad partidista, la elite tradicional no está contenta de que la masa se haya impuesto y seguramente será cobrada dicha afrenta que como sea al final de cuentas contribuirá a la democratización del Estado de México.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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