La posmodernidad ataca a las agendas

En la tarea del ejercicio de gobernar dentro de las sociedades democráticas, la preocupación constante no es otra, que el cuidado permanente por mantener la gobernabilidad; esto es, realizar el trabajo político encaminado a mantener en funcionamiento el sistema político evitando autoritarismo e ingobernabilidad: ni mucho poder del Estado, ni mucho poder de la sociedad civil.

Con tal finalidad los distintos poderes públicos mirados como sistemas cerrados e interrelacionados también en sistemas abiertos, construyen sus agendas, las cuales desde la teoría por lo menos son dos: la agenda institucional que engloba el conjunto de acciones obligadas por las diferentes disposiciones normativas a fin de que los agentes gubernamentales hagan única y exclusivamente aquello a lo cual les ordena la ley, y así su ejercicio sea medido en atención al principio de legalidad, que se trasforma en principio de legitimidad. Empero, con el aumento de necesidades sociales, de reclamos in crescendo hacia el poder público, los vientos de ingobernabilidad aumentan y es necesario tomar en cuenta otra agenda, que se le conoce como agenda sistémica, o de riesgos por su amenaza permanente hacia el poder público.

En México, para organizar la viabilidad del sistema gubernamental bajo control de la gobernabilidad en manos de la burocracia, después de varios años de debate de propuestas nacionales y extranjeras –particularmente norteamericanas y francesas- se fue modernizando la administración pública federal. La expresión más acabada de este proceso fue la publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en 1976, perfeccionado su enfoque sistémico en 1986 con la publicación de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Pero para escuchar a la sociedad y tomar en cuenta sus necesidades, reclamos, exigencias etc. en 1983 se estableció el sistema nacional de planeación, una planeación con sentido democrático.

Desafortunadamente el centralismo imperante en los años ochenta, hizo que estas herramientas no llegara a las entidades federativas en ese momento; por ello, no es casual que Puebla aparte de otras razones, por su sistemas burocrático y deficiente planeación y programación, control y evaluación, ocupe los últimos lugares dentro de varios rubros con los cuales se mide la ubicación de la entidades federativas del país.

Sí Puebla no ha tenido una profunda reforma del Estado, sí sólo es sometida a reformas mínimas de operación y funcionamiento y no de transformaciones profundas. La agenda institucional poblana estatal y municipales no resulta operativa, y si a eso se le agrega que los operadores, que no creadores de agendas sistémicas o de riesgos, fueron formados en el modelo del sistema autoritario del poder y por lo mismo son neófitos en la construcción de agendas eficaces, hace que algunas decisiones y acciones gubernamentales se miren como contradictorias, inentendibles, confusas y pongan en la mesa temas múltiples de conflicto que antaño existían pero hábilmente se pudieron ocultar:

Incremento del índice delictivo, ¿antes era fidedigno?; incremento de violación de derecho humanos en los principales CERESOS, ¿y qué pasaba y pasa en las cárceles de las cabeceras distritales en las cuales cohabitan presos y presas?; jóvenes católicos y priístas pide nla salida del titular del IPJ ¿para que sea ungido el responsable de las redes de jóvenes en campaña?; El diputado naranja es aliado del ejecutivo y su enemigo en el legislativo ¿para ser el operador de fuerza?. No cabe duda que la posmodernidad ataca a las agendas, o simplemente los dioses se han vuelto locos.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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