El poder legislativo en todo Estado legítimo, esto es, en todo Estado democrático de derecho, se convierte en el principal poder público, porque en él además de estar representada la totalidad del pueblo para vigilar el actuar de los otros poderes, es el espacio por antonomasia para hacer política para parlar, para negociar, y tomar los mejores acuerdos para que la sociedad en su conjunto vive dentro de un ambiente de armonía y paz social.

Sin embargo, el poder legislativo representado en la LVIII legislatura local, ha resultado ser por el momento el poder más golpeado, más debilitado y por lo mismo más ridiculizado por circunstancias diferentes que han terminado en la sorpresa jamás inimaginable, de que los diputados del PAN sin el menor rubor y después de que en campaña y en otros espacios arremetieron y despotricaron en contra de la administración de Mario Marín, hayan aprobado su última cuenta pública del mes de enero de 2011. Más allá de ser cierta o falsa la denuncia del  diputado de Convergencia al adjudicarle al Secretario General de Gobierno la operación de sentido de la votación, lo cierto es que Puebla tiene un Legislativo que durante su primer periodo ordinario de sesiones dio muestra de debilidad frente a los otros poderes, y no por las reformas legales aprobadas que de eso se encargarán en su momento los especialistas en estudio del poder legislativo, sino por un conjunto de fenómenos que se han vivido en el seno de dicho poder público, cuando todo mundo festejábamos con bombo y platillo, que además de la alternancia en el poder ejecutivo estatal y una centena de Municipios, la alternancia llegaba  al Legislativo poblano.

¿Qué pasó?, ¿por qué cierra la LVIII legislatura con una aprobación casi unánime la cuenta del gobernador Marín?, por tratarse de un mes de gestión  y no ser relevante, creo que no. El tema debe mirarse como el resultado de un conjunto de acciones encaminadas de debilitar a dicho poder y que se inician por el propio gobernador Mario Marín, con sus reformas iniciadas  el año 2009 y perfeccionadas en 2010. Las reformas constitucionales aprobadas por la LVII legislatura, estuvieron encaminadas a ningunear  al Congreso estatal, esto es, se hizo todo para burlar la soberanía popular del Estado representada en el poder más importante de todos que es el Poder Legislativo, preparando un escenario en el cual derrotado el PRI, el gobernador no se presentaría personalmente a rendir su sexto informe.  Eso o el camino diferente habría sido, solicitar  licencia y dejar al Secretario de Gobernación como responsable del Poder y este entregar rendir en informe y entregar el poder a su adversario político.  Dichas reformas al artículo dieron pauta para someter a la LVIII legislatura en una situación de debilidad y por ende de mayor sometimiento hacia el poder ejecutivo.

Mario Marín  gobernador, no sólo no presentó personalmente su sexto informe ante el Poder Legislativo, sino que se forzaron las condiciones para que la glosa del mismo informe fuera a escondidas en reuniones de comisiones; junto a esto está la obsolescencia de las leyes que regulan su vida interna del Congreso y que en este caso lo han sometido más por haberse doblegado a opiniones de personajes ligados a otros poderes. Así ante la obsolescencia de la ley orgánica y reglamento,  el intento de construir una coalición parlamentaria sui géneris, ha resultado de a mentiritas, porque no todos cotiza al PAN y  porque parece que solo resistió un periodo ordinario de  sesiones y casi llegó a su fin. Amén de que nació endeble porque de los 21 diputados originales el dirigente estatal del partido Convergencia, por razones institucionales y partidista, puso  en riesgo la mayoría mecánica de 21 votos para dejar sólo 20, suma que dan juntas las fracciones que pueden ser opositoras del PRI, PVEM y PT, todo a cambio de ser congruente con su papel de dirigente estatal de su partido.

La lucha por la presidencia de la república, ha llevado a enfrentar ideológicamente al PAN y al PRI y romper el acuerdo de blindar a los derechos tradicionales de la familia mexicana frente al avance de derechos de las minorías reconocidos en el DF. Hoy día el PRI enarbola los nuevos derechos, se acerca peligrosamente al PRD, PT y Convergencia, de ahí que los artículos 26 y 27 de la Constitución de Puebla estén en el centro del debate de nueva cuenta y este tema sea el caldo de cultivo del rompimiento de la Coalición e inclusive de la parálisis priíísta; lo importante para el PRI ya se alcanzó, liberar formalmente al ex gobernador para que él junto con sus principales ex funcionarios se dediquen a buscar un puesto de elección popular para el año 2012, las noticias de irregularidades de la entrega recepción, carece de sentido, la administración 2005 – 2011 formalmente es legal y por lo mismo es legítima. Ahora sí, el panorama en el Congreso local pudiera cambiar. No es casual el  izamiento de banderas del PRD y Convergencia por los nuevos derechos, la pulverización parlamentaria disminuirá más al Poder Legislativo poblano.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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