¿Habrá Reforma Electoral Federal?

Mientras en Puebla nuestros legisladores de pronto se dieron cuenta que la reforma electoral poblana de 2009, no satisfizo los fines de la reforma federal electoral de 2007, particularmente en materia de uso de recursos para las campañas. Que por cierto Puebla se destacó por tener los topes de campaña más caros de las elecciones estatales, cuando la reforma federal se propuso disminuir drásticamente este robro. En el ámbito nacional está atorada la segunda reforma electoral del presente sexenio federal.

John Ackeman, investigador del IIJ de la UNAM, coordinó un libro en el cual en compañía de varios investigadores, escudriña la reforma electoral federal 2007, apuntan sus limitaciones o deficiencias, y se lanzar hacia la propuesta de otra reforma electoral en la cual, sea despartidizado el IFE, éste deje de ser juez y parte en la fiscalización de sus recursos, y se abran las puertas a las candidaturas ciudadanas, para satisfacer las recomendaciones de organismos internacionales, a fin de mejorar la calidad de la democracia mexicana.

A un mes de haber iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI legislatura federal, lo que menos ha interesado a los legisladores, ha sido pensar en la reforma electoral, los partidos políticos en el camino hacia el 2012, antes que nada les interesa resolver la lucha por la gubernatura del Estado de México después meterse de lleno a la confrontación del poder mexiquense, lo que seguramente consumirá energías para dejar pasar de lado las distintas iniciativas de reforma electoral.

Como la reforma electoral de 2007 fue producto de la coyuntura del proceso electoral presidencial del 2006, a través de la Ley de Reforma del Estado, el legislativo federal por vez primera asumió la responsabilidad de organizar y debatir una reforma electoral, como uno de los tantos caminos que permitiera dar sentido institucional al poder público federal, particularmente el del ejecutivo, que por lo cerrado de los resultados había propiciado movimientos deslegitimadores, y qué mejor que una reforma de consenso entre las principales fuerzas partidistas: PAN, PRD y PRI, desde la representación federalista del Senado, se empujó para reconstruir la institucionalidad del IFE y la equidad propagandística dejando en manos del Estado las campañas, junto con la eliminación patrimonialista de puestos públicos que servían para la promoción de la imagen con recursos públicos.

En materia de reforma electoral, siempre el ejecutivo había sido el actor principal de convocatoria y acuerdos, en el presente sexenio, eso no sucedió, y por lo mismo, para cumplir con este ritual, el ejecutivo federal envió una iniciativa de reforma electoral que se resumió en diez puntos, que recogen anhelos y propuestas presentadas históricamente, pero que el Poder Legislativo Federal, sabedor de que hoy día es el principal espacio de poder político por antonomasia, simple y sencillamente no le ha repercutido la propuesta presidencial.

De este segundo periodo de sesiones de la LXI legislatura federal le quedan los meses de marzo y abril. Después tendría mayo y junio como límite para que de manera extraordinaria y en el límite se hiciera la reforma. Sin embargo, el interés del PRI por mantener el Estado de México; la polarización en el PRD por la alianza con el PAN; el interés del mismo PAN se asegurar la alianza con el PRD por la gubernatura de México; lo que involucra a los tres principales partidos políticos: PRI, PRD y PAN, a que durante el mes de marzo panista y chuchistas, se apuesten a movilizar a los mexiquenses a favor del SI mientras que priístas y pejistas se apuesten por el NO. quedándole al PRI atajar la reforma electoral, ¿será así, cuando los temas pueden generar daños colaterales?.

Los puntos de la reforma electoral calderonista se ha sintetizado así:

1.- Permitir la reelección consecutiva de alcaldes, demás miembros de ayuntamientos, y jefes delegacionales en el DF, hasta por un periodo de 12 años.

2.- Permitir la reelección consecutiva de legisladores federales con periodos límite de 12 años.

3.- Reducir integrantes del Congreso de la Unión: Cámara de Senadores, se eliminarían los 32 senadores plurinominales, para quedar 96 senadores. Cámara de Diputados reducir de 500 a 400 legisladores, 240 de mayoría relativa y 160 de representación proporcional.

4.- Aumentar el umbral mínimo de votación para que un partido político conserve su registro, de 2% al 4%.

5.- Agregar la "iniciativa ciudadana" (o iniciativa popular) para que los ciudadanos puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no tenga exclusividad.

6.- Reconocer las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.

7.- Implementar la segunda vuelta electoral (o balotaje) para la elección de presidente de la República, en caso de que en la primera elección no se obtenga más de la mitad de votos.

8.- Dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.

9.- Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo. En caso contrario éstas se considerarían aprobadas.

10.- Facultar del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Establece la figura de la "reconstrucción presupuestal".

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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