El sueño de la fiscalización de recursos

El sueño de la fiscalización de recursos

Raymundo García García*

Desde el año 2001, e Puebla se impulsó una importante reforma legislativa encaminada a mejorar y a transparentar el proceso de fiscalización de recursos públicos, que administran los tres poderes del poder público estatal: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo, el que ejercer los 217 ayuntamientos, además de los entes de las administraciones públicas paraestatales y para-municipal; la piedra de transformación se representó el evolución del la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado a Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dotado de autonomía técnica dependiente del Poder Legislativo.

Las transformaciones llevadas a cabo en Puebla, no fueron decisión política natural dentro de una entidad federativa anclada en lo más atrasado del sistema político mexicano; por el contrario, fue resultado de las presiones de la transformación nacional, pero como ha sucedió siempre, los cambios institucionales poblanos siempre buscan cómo hacer que sean mínimos, que dejen o permitan que los vicios se mantengan. Dentro de esos vicios quién no recuerda el impulsado dentro del magisterio vía la duplicación y triplicación de plazas, y más, el cobro de plazas con jugosos salarios, entregadas a profesores premiados con la honrosa actividad política de “comisionados” para designar a los aviadores, en oficinas de políticos. Basta recordar una investigación del periodista Rodolfo Ruiz, al inicio de la administración Morales Flores, que produjo la caída del primer secretario de educación estatal, por el descubrimiento de una escandalosa corrupción. Hoy de nueva cuenta el secretario de la SEP, le vale la ley de transparencia y acceso a la información, y se niega a revelar datos que la sociedad urge.

La puesta en vigor del nuevo sistema de fiscalización poblano creado en 2001, puso orden en parte, dentro de un viejo vicio de corrupción institucionalizada, el pago de compensaciones a la burocracia media. Para la evasión de impuesto –también institucionalizada en Puebla- los salarios de la burocracia son de risa, equivalentes a menos de un tercio de la percepción total, los dos tercios restantes se cubren con una “compensación”; la cual tradicionalmente se la adjudicaban los titulares de las dependencias porque se manejaban a través de bolsas brutas de dinero, sin mayor control que el que se decidía en la secretaría de finanzas. La reforma fiscalizadora dio paso a que las comisiones fueras institucionalizadas en nóminas, pero con ello se abrió el camino para la defraudación fiscal por parte de los poderes del gobierno estatal, pero como la Secretaría de Finanzas controlaba los pagos de los tres poderes, ésta dependencia es responsable de tal acción irregular, que hoy día es motivo de conflicto entre el SAT y el gobierno del Estado, mostrando que el ORFIS y su titular –premiado para continuar otros seis años por decreto del Ejecutivo, perdón del Legislativo-, no ha sido apto para asumir su responsabilidad constitucional y legal, y por lo tanto debería ser removido del cargo.

Ante un conjunto de irregularidades que están apareciendo en nuestros días y que ha mostrado ser un ambiente desastroso para el sexenio que termina, el ORFIS y en particular su titular, por la estrecha relación de dependencia que tiene del ejecutivo, no cuenta con las condiciones para actuar con certeza, equidad y respeto de la legalidad que la institución exige; por lo mismo, debería de abandonar el cargo antes que ser cómplice de una entrega y recepción transicionista sumida en la opacidad. En general no se cumple con las expectativas que el legislador poblano plasmó en la creación de mencionada institución fiscalizadora. El Legislativo anoto: “Es necesario considerar en todo momento, que la eficiencia y eficacia del Orfis debe recaer en la adecuada vigilancia de la utilización de fondos públicos, en la búsqueda permanente de gestiones rigurosas en su comprobación y en la custodia necesaria de la regularidad en la acción administrativa, con la finalidad de demostrar un ejemplar y justo desempeño, digno de satisfacción y certeza en la sociedad”. Y satisfacción y certeza, es lo que menos muestra el manejo faccioso que ha tenido la fiscalización de recursos públicos en Puebla.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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