Legitimidad e informe de gobiernoRaymundo García García*
Al margen de las críticas en contra del gobierno federal, que son naturales y necesarias dentro de un sistema democrático en proceso de construcción, y también de la calificación que los trabajos demoscópicos le otorguen al Presidente, -sin credibilidad por la perversión que mostrada en las elecciones estatales pasadas-, Felipe Calderón, llega a su cuarto informe de gobierno, con una legitimidad consolidada y con la fuerza para operar el proceso de sucesión.
Ante los cuestionamientos a la legitimidad de elección, fue necesario el trabajo a través de acciones y resultados, que parece requirieron un plazo mediano. Quién no recuerda la agresividad del Congreso de la Unión cuando allá el primero de septiembre de 2006, -momentos en los cuales la ciudad de México fue sitiada por AMLO-, el poder legislativo en su ejercicio como Soberano, impidió que el entonces presidente Fox, rindiera su sexto informe de gobierno, permitiéndosele sólo hacer su entrega por escrito en una ventanilla de oficialía de partes. Luego vendría la reforma constitucional para impedir la presencia del Presidente Calderón en el Congreso.
El PRD y el PRI demostraron que como representantes del pueblo, asumían su soberanía y podían terminar con el presidencialismo mexicano, iniciando un andar a tientas hacia la república parlamentaria. No se dieron cuenta que tal acción, sin la construcción de las instituciones apropiadas, lo único que acentuaba era el renacimiento del ejercicio presidencialista del poder, que Vicente Fox, había disminuido por voluntad propia. El rechazo a la presencia del Presidente en el Congreso, ante un Poder Legislativo segmentado en múltiples fracciones parlamentarias, sólo contribuyó a regresar mayor poder al gobierno y por lo mismo crear las condiciones para la recuperación presidencialista antaño cuestionada. El presidente Calderón, de formación jurídico-institucional, -después de tres sexenios con presidentes no juristas-, tuvo la oportunidad para reconstruir su legitimación bajo la óptica de la recuperación y reconstrucción del Estado mexicano como Estado de derecho, buscando reivindicar el poder legítimo que por mandato constitucional le asiste y para ello, no había más alternativa, que recuperar el poder en manos de organizaciones que operaban en la sociedad y que cada vez más, asumían funciones de poder público de facto. La guerra, hoy reconvertida en política pública de seguridad, ha sido el mejor instrumento de legitimación del presidente y su gobierno.
La política de cotas dentro de un sistema multipartidista, reducido en la práctica a un ejercicio tripartito, lleva más que a la búsqueda de consensos y acuerdos a la guerra suicida de desaparición del otro, siempre y cuando dentro de ese esquema existan dos fuerzas que disputen ideología, programa y poder, como sucede en México en la relación PRI vs PRD, en donde el crecimiento de uno se convierte en amenaza de la disminución o extinción del otro. Así que la construcción de una dirigencia nacional del PRD institucionalizada y no beligerante, se convirtió en dique de la izquierda ideológica y delirante, para llegar al momento de la construcción madura de alianzas y coaliciones entre el partido del presidente con el PRD y otros partidos, que en las pasados elecciones de doce gobernadores, aunque las coaliciones no hubieran ganado ningún Estado, el Presidente habría ganado legitimidad en su gobierno con la institucionalización y legitimación de su mandato por el PRD.
Tampoco se debe olvidar el rebase por la izquierda, que hoy viene a representar el mayor esfuerzo llevado a cabo en materia de lucha contra la pobreza y la marginación, haciendo que humanismo político amarre con los anhelos de la socialdemocracia, de no olvidar a los pobres, a sabiendas que ahí se cultivan el fermento de los movimientos sociales y revolucionarios, por hoy contenidos. Así, la política social Calderonista, se convierte en otro ingrediente de legitimación por resultados, importante en la recta final del sexenio.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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