El cuidado de la elección

El cuidado de la elección
Raymundo García García*

Las adecuaciones para hacer elecciones democráticas en México, ha sido el ejercicio político más difícil, hasta el cansancio he afirmado que de entrada existe una diferencia muy grande entre lo alcanzado en esta materia en el ámbito federal, frente a lo pírrico obtenido en el Estado de Puebla.

En una entidad federativa en la cual se construyó un sistema de poder público en manos casi exclusivas del gobernador, no es fácil abrir la ostra, salvo que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos y el día de la jornada electoral, asuma el poder que legítimamente le corresponde. El control del gobernador sobre las elecciones viene en principio por la inexistencia de la división de poderes y el equilibrio entre ellos. En Puebla el poder es uno y para su ejercicio se divide en tres, y aunque la Constitución federal y local ordenan: que no se deben concentrar dos o más poderes en una persona o corporación, esa afirmación simple y sencillamente no se respeta, por el contrario desde el inicio del siglo XX se impulsó su violación abiertamente. Los jueces de primera instancia foráneos a la capital de Puebla, que eran nombrados por el Poder Legislativo y por lo mismo fueron parte integrante del poder judicial, por mandato de leyes secundarias, asumieron funciones de registradores públicos y de notarios públicos, y aparte de representar sus funciones concentradas en una abierta violación constitucional, se inició un proceso de control y ejercicio de funcionarios públicos de otros poderes al servicio casi exclusivo del Gobernador.

Después las tareas de organizar los procesos electorales, fueron concentradas en el poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno transformada en Secretaría de gobernación que presidió a la Comisión Estatal Electoral; hoy a pesar de que se han hecho las adecuaciones institucionales para dejar en manos de la sociedad civil, la organización de las elecciones poblanas, el proceso de ciudadanización de los organismos electorales en el presente proceso, están demostrando que no es fácil cumplir y resulta mejor ponerse a las órdenes del poder que realmente paga –el ejecutivo-, cuando se hace todo lo posible para escamotear la ley, intentar asumir funciones de tribunal constitucional y otorgar un sentido torcido a la ley y al ejercicio de tareas obligatorias como el que se ha debatido en estos días: interpretar debates por debate; pero lo peor, hacer de u debate democrático abierto y de confrontación, una aburrida fiesta de mala lectura de deseos que la no ser debatidos se traducen en mentirillas.

Los notarios públicos poblanos, cuyo nombramiento en la mayoría de los casos fue producto del pago de favores políticos de excelente subordinación al Poder Ejecutivo, legalmente son los responsables de mantener sus oficinas abiertas el día de la jornada electoral, para certificar. Dar fe pública de posibles irregularidades que violenten la libertad de elegir. ¿Cómo van a cumplir sus tareas de fedatarios públicos, si se han pronunciado públicamente por un partido político y su candidato?; ¿Qué queda a los ciudadanos ante la pervivencia de acciones de un poder autoritario y enemigo de la democracia?, queda el ejercicio del poder soberano del pueblo que solamente se ejerce un día, el día de elegir.

La participación masiva y ordenada en las urnas, que tenga como objetivo disminuir lo más que se pueda el abstencionismo; y, la observación electoral, son acciones relacionadas para garantizar la libertad de elegir y contrarrestar las tradicionales formas control de votos. El hecho de haberse reducido las opciones de elegir prácticamente a dos –aunque el gobierno intentó que fueran cuatro: el PT y un candidato ilegítimo-, los ciudadanos o ratifican el statu quo y dejan a Puebla en el mismo sendero de estancamiento; o por el contrario los ciudadanos deciden comprometerse a cambiar el camino, a cambiar el rumbo y reorientan el futuro de Puebla.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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