LA GUERRA Y EL ESTADO LEGÍTIMO

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Raymundo García García*

Desde el inicio del presente sexenio, dentro del escaso nivel de legitimación del poder presidencial generado por los resultados electorales entre el PAN y el PRD,  las amenazas de la entrada en una situación caótica del sistema político mexicano empezó a cobrar fuerza particularmente dentro de los intelectuales estrechamente ligados a López Obrador, y cuya mayor exponente fue Lorenzo Meyer. El futuro catastrofista permitió fortalecer la visión cíclica de las revoluciones mexicanas poniendo la mirada en 2010. Mientras que por el lado del nuevo gobierno federal estaba la obligación de recomponer la legitimidad por decisiones y acciones que estuvieran cubiertas por el respeto irrestricto al Estado de Derecho, en tanto Estado Legítimo, y para ello, era necesario que el Estado mexicano recuperara el ejercicio legítimo de la violencia, que el crimen organizado le estaba arrebatando, siendo la narco política la amenaza extrema porque conduce a la sustitución del Estado Legítimo por poderes fácticos.

 

Por lo menos las dos posiciones encontradas de mirara al Estado: unos como política total y otros como sistema administrado, abrieron el debate sobre el significado del ejército combatiendo al crimen organizado, para llevar la discusión al anhelo de una guerra perdida de antemano por el Estado. El asunto no era para menos. sí los órganos del poder público estaban contaminados, si las organizaciones delincuenciales organizadas  contaban con grupos de formación castrense, policial y paramilitar, con recursos económicos capaces de destruir la economía nacional, órganos estructurales y operativos, así como de inteligencia que compiten con los del Estado; dentro un panorama de creciente terror, violencia generalizada, secuestros, ajusticiamientos, aumento del consumo de estupefacientes, etc, que erosionan la legitimidad del Poder Público era una interpretación correcta que sólo sería salvada con una revolución social. Por el lado del Estado no había otro camino que la reivindicación institucional de su autoridad sustentada en la violencia legítima, que le es consustancial con la existencia del propio Estado.

El 5 de mayo de 2007, en el acto conmemorativo de del triunfo de la batalla de 1862; el presidente de México como comandante de las fuerzas armadas, hizo formal la declaración de guerra contra el crimen organizado como enemigo de la sociedad y del estado Mexicano, las críticas desde el periodismo de centro izquierda no se hicieron esperar, a ellos les interesaba el caos y la descomposición del sistema político y la apuesta revolucionaria para el 2010. Al parte de guerra diario, le dieron interpretaciones sesgadas anteponiendo el número de muertos, en lugar de un análisis objetivo entre delincuentes detenidos y caídos frente a militares, y policías también caídos.

Sin embargo, la guerra del Estado mexicano parece haber estado diseñada de forma sistemática y transversal y no se agota en la simple lucha frontal, fue más allá, con el fin de recuperar la legitimidad: fue a una reforma fiscal vía el cobro del impuesto a los depósitos bancarios en efectivo, para detectar depósitos sospechosos; fue a la reforma electoral del año 2007, que acotó la penetración de recursos ilegales en las campañas políticas; luego fue por los bienes y recursos de los criminales con la Ley de Extinción de dominio; llegando al debate de la restructuración del sistema nacional de seguridad pública parta eliminar a la policía municipal, -por supuesto los retrógradas se están oponiendo-. La actuación de la Marina en el estado de Morelos para coronar un éxito más, no se puede entender sin contextualizar la puesta sistemática por la reivindicación de un Estado de Derecho como Estado Legítimo, que ha cercado al crimen organizado institucionalmente amén de confrontarlo directamente a través de una guerra.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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