raymundo garcia.jpgEL PODER DE LAS COSTUMBRES

 Por: Raymundo García García*

3 julio 2009

 

El próximo domingo, día de la jornada electoral federal, se escribirá un capítulo más de la vida política del Estado de Puebla, una vida política que desde el siglo XIX se maneja de forma muy particular y más tratándose de elecciones.

 

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El tema no es producto de la casualidad, es el resultado de toda una larga tradición de lucha y ejercicio por el poder entre los distintos grupos que forman la élite poblana y que desde finales de la Colonia, y en plena coyuntura independentista, el tema de la representación política y por lo mismo de las elecciones, ha sido una bandera e instrumento de luchas, de confrontaciones y de ejercicio sui generis para los poblanos, en relación con el concierto nacional. No es casual que el Ayuntamiento de Puebla se enfrentó al rey de España y a la Audiencia de la ciudad de México, exigiendo su propia representación provincial ante las Cortes de Cádiz y posteriormente los poblanos presionaran para implantar el federalismo, como la mejor medicina política para que Puebla fuera para los poblanos.

 

Ese no tan lejano origen de lucha política, en el México independiente, pero particularmente después de la consolidación del Estado mexicano por el triunfo de la república en 1867, con la ideología positivista introducida por el alumno poblano de Augusto Comte, Gabino Barreda enarbolando una concepción de la sociedad organizada para el orden, aderezado ese pensamiento con el organicismo de Herbert  Spencer que nutrió a los científicos del Porfiriato, hizo que los políticos poblanos construyeran un sistema político de tipo personalista, cuya cabeza a partir de 1880 la encararía la persona del gobernador quedando bajo su control los poderes legislativo y judicial –uno para legislar a favor de la elite y el otro para castigar las amenazas-, seguido de 21 Jefes Políticos que controlaban a nombre el gobernador a 175 o 176 ayuntamientos, teniendo como piso o base social y política, varios cientos de pueblos que eran administrados y controlados por Juntas Auxiliares; esto es, Puebla es pionera en la construcción de un sistema personalista “presidencialista o gobernadorcita” desde1880 hasta nuestros días, aislado en lo que más se puede de los cambios democratizadores y modernizadores del ámbito federal

 

Esta estructura de poder alimentó al martinismo porfirista, le dio sustento al avilacamachismo y pervive en el autoritarismo de nuestros días, cuya maquinaria aceitada de vez en cuando, muestra su eficacia política, y los procesos  electorales no son la excepción, son su eje de sustento para mantener el control del legislativo, del judicial, de los ayuntamientos y de las Juntas auxiliares, buscando permanentemente continuar auto-reproduciéndose hasta que los ciudadanos decidan un cambio. Y ese perfeccionamiento pragmático, este domingo se utilizará sin el menor rubor, más allá de las modernizadoras reformas electorales y previsión de no utilizar el poder público para fines electorales. Sólo así se puede intentar explicar las razones por las cuales a pesar de que el PRI tenga sectores de  papel, en el Estado de Puebla vaya a una elección donde el Estado como poder local actúe con su estructura.

 

Es necesario tener presente que en el Estado de Puebla, el poder del Estado cuando se pone en movimiento para un objetivo, se convierte en un entramado y red de órdenes que bajan desde el ejecutivo desparramándose hacia debajo de sus estructuras, para llegar hasta el pueblo más remoto. En excelente ejemplo documentado de la forma de operar el modelo poblano, para escamotear los límites de la normatividad jurídica, o como señala el Ministro José Ramón Cossío Díaz, “el aprovechamiento del aparato estatal”,  en la relación de llamadas que se dieron para la violación de derechos en el Caso Lydia Cacho páginas 171 y siguientes, de la obra jurídica Las costumbres del poder (en Puebla), el caso Lydia Cacho Que está en circulación desde enero del año e curso.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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