LA HOMOLOGACIÓN DE LAS ELECCIONES LOCALES

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 Por: Raymundo García García*

5 junio 2009

 

Dentro de la difícil construcción de un régimen democrático en México, el retraso institucional y legal, acompañado de una formación de caciquismos regionales en manos de gobernadores de extracción priísta de forma preferencial; han sido los obstáculos para que los avances democratizadores que se han adquirido en el ámbito nacional,  no se disfruten con la misma intensidad en el terreno de las entidades federativas, particularmente aquellas que se han convertido en nodos de reinado en el pasado político poco democrático como Puebla. Basta analizar la ingeniería legal de la conformación  de los Congresos locales, para observar un dique fundamental a la democratización mexicana.

 

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Dentro de los obstáculos al proceso de democratización, en la última década y particularmente después de la derrota del PRI en el año 2000, cobraron importancia nuevas acciones encaminadas a violentar la libertad del sufragio.  Dentro de ellas adquirieron fuerza y vigencia, la movilización y acarreo de ciudadanos a las urnas; la violación al retiro de propaganda de las asillas a través de la imposición de uniforme, de los representantes de partidos ante las mesas directivas de casilla; para pasar a la formación de olas coloridas de grupos de choque uniformados con playeras, diseñados para presionar el voto a favor del PRI e impedir, e inhibir el voto a favor de otros partidos políticos. La ola roja se volvió de pronto un acontecimiento social, publicitario y político partidista, que sustituía al voto patriarcal, o a cualquier otra forma de fraude lectoral patriótico, tomando en la realidad a las mesas directivas de casilla.

 

En las elecciones intermedias en más de una decena de entidades federativas del año 2001, aparecieron turbas tricolores uniformadas con playeras rojas, decididas a impedir una derrota electoral en todos aquellos espacios que  aun conservaban, más allá de que tales actos con tintes de violencia lesionaran la libertad de sufragar, inhibieran la libre participación ciudadana, y obstaculizaran un desempeño eficaz de las mesas directivas de casilla. Tales turbas probaron el apoyo de sus similares de otras entidades federativas bajo el ejercicio de que “primero me ayudas en mi elección estatal, luego te ayudo en tu respectiva elección” –el éxito se materializó, que la práctica fue institucionalizada y convertida en acto cotidiano de manual- . Total, mientras estuvo vigente el sistema de partido hegemónico de la era del PRI,  la diferenciación de fechas en elecciones locales, no representó problema político alguno  Ante la derrota priísta en la presidencia de la república en el año 2000, dicha diferenciación de fechas, amparadas en al reclamo federalista, se convirtieron en una oportunidad para evitar el colapso priísta en el nivel estatal y en el nivel municipal. La movilización masiva de grupos de acarreo, de grupos de choque y de grupos de inhibición del voto opositor al tricolor, se dejó en manos de las olas coloradas, apuntalando primero a unas entidades, luego a otras. -mantener gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, alimenta al PRI el sueño de regresar a los Pinos-

 

La homologación de las fechas para las elecciones locales, plasmada en la reforma constitucional electoral del año 2007,  aprobada casi de forma unánime; busca terminar con la práctica antidemocrática de las olas coloridas apoyadas por agentes extraños de entidades federativas diferentes a la de la elección; busca utilizar de forma eficiente los tiempos de propaganda en radio y televisión, que administrará el IFE. Por lo tanto, la fecha de las elecciones estatales para el año 2010, en la cual se renovarán gobernadores, diputados locales y ayuntamientos en varias entidades del país, no se puede reducir a un asunto de beneficios o perjuicios de determinados caprichos de los políticos. El tema es mucho mayor que un asunto de constitucionalidad, que por supuesto tiene su propio valor dentro del campo de la legalidad y de la constitucionalidad de las decisiones de los congreso locales; el asunto tienen que ver con esa difícil y ardua tarea de construir de forma lenta pero segura, un auténtico régimen democrático, que ponga orden y frenos a las nuevas formas de pervertir el ejercicio libre de los ciudadanos en la construcción del poder público. Un régimen donde reine la libertad de elegir.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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