JUDIALIZACIÓN DEL MANDO POBLANO

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Por: Raymundo García García*

26/dic/2008

 

 A casi cuatro años del ejercicio del poder ejecutivo en Puebla, y a dos años formales de que termine, -porque materialmente el presente sexenio pasará a la historia como el más reducido y una vez que se rinda el cuarto informe gubernamental, el periodo casi  habría terminado- el sabor del retroceso en la política y sobre todo de la destrucción institucionalizada del estado de derecho, serán algunos de los mayores dotes que se reconocerán al presente gobierno estatal. Antes de impulsar un gobierno de nueva generación, que hiciera de la política un instrumento de acuerdo, negociación y búsqueda de consensos para impulsar el desarrollo y transformación de la entidad federativa,  y de que se contara con un gobierno apostado en utilizar al derecho encaminado a sentar las bases de un auténtico Estado de derecho y de una construcción de una cultura de la legalidad, se optó por el uso de la fuerza antes que del poder político, se instrumentalizó de forma exponencial el uso de un derecho autoritario producto de los regímenes que han caracteriza a Puebla del pasado, convirtiendo al derecho un simple instrumento de fuerza para decisiones torpes y nefastas que mantienen a Puebla y su gobierno en los últimos lugares en relación con el resto del país.

 

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El fortalecimiento del Estado de derecho, quedó en simple discurso, junto con los deseos de el impulso de una Nueva constitución; la imposibilidad manifiesta para llegar a acuerdos con actores oposicionistas, y todo por anteponer un ejercicio autoritario del poder, quedó como simple anhelo y frustración a la vez. Deseo aniquilado por la violación a la Constitución, con el uso represor del Estado en contra de la luchadora por los derechos humanos Lydia Cacho Ribeyro. Este  acontecimiento testimonió por diversas formas la inexistencia de la división de poderes, misma que cada vez más se remarca en la constante sumisión en que se mantiene sometido al Poder Legislativo.

 

El deseo de hacer política y más política como muestra de una generación joven y moderna, fue truncado por un ejercicio que ha llevado a la judicialización de la política y por lo mismo judicialización del mando, judicializaicón del poder. Quizá por un error que remarca Carlos Fuentes en su reciente novela voluntad y fortuna, en comentario a  las causas del fracaso de un titular del poder ejecutivo, descansa en el haber creado un equipo con puros compañeros de su generación, confundiendo tiempo con capacidad, donde el equipo se confronta por la lucha en satisfacer sus intereses personales. Puebla ha tenido gobiernos autoritarios, pero no tercos, siempre habían cuidado lo que se conoce como las formas, para no hacer tan obvio el ejercicio autoritario; pero en el presente gobierno, lo que menos se ha cuidado ha sido –las formas- y se ordenó ir hasta Cancún a detener a Lydia Cacho; se permitió mantener a un comisionado ilegítimo en la CAIP, hasta satisfacer intereses personales; se nombró a una extranjera naturalizada como presidenta de la CEDH, porque no había de otra y se cuenta con una mayoría mecánica obediente y subordinada;  se autorizó una reforma a la ley de transparencia de acceso a la información,  para seguir estando en los últimos lugares en materia de transparencia, son algunos de las decisiones  del Poder público poblano, que han anulado el ejercicio de la política, ha privilegiado la decisión de fuerza, provocando la judicialización de las mismas. Lo grave de esta práctica  sexenal,  está en la reproducción de esta práctica por otros estrados del poder que siguen la línea principal y con ello también deterioran el desarrollo y progreso de Puebla.
 
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