Los problemas Medio Ambientales que afectan la actividad pesquera en el Golfo del Guacanayabo
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  • Prohibición o restricción de la actividad causante de la infracción.
  • Clausura total, parcial, temporal o definitiva del local o establecimiento donde se lleva a cabo la actividad que ha generado la infracción.
  • Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos empleados para la comisión de la infracción.
  • Imposición de obligaciones compensativas relacionadas con el desarrollo Ambiental de la zona teniendo en cuenta los planes nacionales, regionales y locales sobre la materia a fin de dar cumplimiento a las normas de control Ambiental que señala la autoridad competente.
  • Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento, permiso, cancelación o cualquier otra autorización según sea el caso.

En este caso es preocupante que los resultados de la sanción han sido orientados hacia una “autoridad competente” sin establecer con claridad cual es ésta.

De esta forma, las reglas de responsabilidad por daño causado subordinado y responsabilidad solidaria, contienen explícitamente un acápite donde establece que el daño causado por incumplimiento de medidas de seguridad, normas ambientales, normas de auditoría ambiental, implica la responsabilidad solidaria  de la persona jurídica que realiza la actividad con o sin la autorización administrativa correspondiente, así mismo, las normas jurídicas contenidas en el código citado, establecen un grado de responsabilidad no solo a quienes participan materialmente en la generación y materialización del riesgo Ambiental, si no también atañen a las personas jurídicas o naturales para quienes se prestan esos servicios o disponen de la actividad riesgosa.

2.2 Análisis en el derecho Cubano.

La Constitución de la República de Cuba promulgada en el año 1976, así como la Reforma Constitucional del 12 de junio de 1992 incluyó en la misma el concepto de Desarrollo Sostenible.

En Cuba la Ley No. 81(7) aborda muy brevemente el régimen administrativo de sanciones en su capítulo XI, en los artículos No. 67, 68,69  los cuales plantean textualmente:

Artículo No. 67 “El régimen de sanciones administrativas en materia de protección del Medio Ambiente incluye a las personas naturales y jurídicas que incurran en las contravenciones establecidas en la Legislación complementaria a la presente Ley”.

Artículo No. 68 “Las contravenciones se sancionarán con multas cuyas cuantías se fijan para cada caso, sin perjuicio con las demás sanciones accesorias aplicables de conformidad en la Legislación vigente”.

Artículo No. 69 “El que conozca de la comisión de cualquiera de las contravenciones establecidas en la Legislación complementaria a la presente Ley, lo pondrá en conocimiento de la autoridad competente, la que estará en la obligación de informarlo sobre las medidas dispuestas y su cumplimiento, cuando así lo interese dicha persona”.

En la presente Ley No. 81 del año 1997(8), en su disposición transitoria segunda, se expresa que “en el término de 180 días siguientes a la promulgación de esta Ley el CITMA presentará al Consejo de Ministros la propuesta correspondiente en materia de contravenciones administrativa”. Solo que increíblemente tuvieron que pasar dos años para que el 22 de diciembre de 1999 fuera promulgado el Decreto Ley No. 200 de las contravenciones en materia de Medio Ambiente, lo cual constituyó un importante paso, ya que se requería de un instrumento jurídico ágil, eficaz, práctico, que coadyuvara a la labor de eliminar la dispersión legislativa existente en torno al tema Ambiental en nuestro país.

Sin dudas con la promulgación y entrada en vigor del citado Decreto – Ley, se reunifican en parte las normas existentes en cuanto a contravenciones medioambientales pero lamentablemente no se solucionan los problemas de dispersión legislativa como fue en el momento de la promulgación del mencionado Decreto uno de los objetivos del mismo, ya que algunos sectores establecen sus propias normas contravencionales, los cuales son entre otros: Fauna, Suelos, Recursos Hidráulicos, Pesca, Minas, Seguridad Biológica, Energía Nuclear, etc.

En nuestro país, el objetivo claro y específico de alcanzar un Medio Ambiente sano es una tarea por la cual se lucha de forma directa y concisa, sin embargo en el plano jurídico la lucha es extremadamente compleja, por la diversidad jurídica imperante a pesar de los esfuerzos realizados.

3.- La Actividad Pesquera dentro del ordenamiento jurídico cubano.

Criterios conceptuales acerca del tema:

Según el Diccionario Pequeño Larousse  ilustrado pesca se define como la acción de pescar, oficio del pescador, lo que se ha pescado. (9)

El Decreto Ley 164(10), Reglamento de Pesca en su capitulo I define la pesca: Como el acto de extraer, capturar, colectar, o cultivar por cualquier procedimiento o medio  acuático, especies o elementos biogenéticos cuyo medio de vida  parcial, total o temporal  sea el agua así como los actos previos y posteriores relacionados con ella.

La pesca comercial: Es la pesca que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos, entre sus modalidades podemos distinguir las siguientes:
  1. Facebook
  2. Twitter
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