Los problemas Medio Ambientales que afectan la actividad pesquera en el Golfo del Guacanayabo
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La Constitución panameña, que contiene las reglas fundamentales que organizan la sociedad política y, en consecuencia el conjunto de deberes establecidos en forma general y particular para todos los habitantes del Estado, dispone con el artículo 115, “el Deber para todos los habitantes del territorio Nacional, de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación ambiental, mantenga el equilibrio ecológico y evita la destrucción de los ecosistemas”.

Este precepto constitucional contiene el principio básico sobre el cual descansa el concepto de responsabilidad ambiental desarrollado en el Título No. 8 de la Ley No. 41 de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, denominado “de la responsabilidad ambiental”.

El referido Título conformado por III Capítulos, regula lo relativo a las obligaciones que en Materia Ambiental corresponden a los habitantes del país y la responsabilidad que se deriva de su incumplimiento.

La Ley General de Ambiente, en efecto, establece un número plural de deberes y obligaciones en Materia Ambiental para todos los habitantes de la República de Panamá, las cuales sin excepción, deben atender, y consigna que el incumplimiento de estos deberes implica responsabilidad ambiental, lo que se traduce en la obligación de reparar la pérdida causada, el mal inferido o el daño ocasionado en virtud de acciones u omisiones que violen la normativa Ambiental.

Por otra parte, es importante señalar, la manera en que la Ley General del Ambiental de Panamá concibe la responsabilidad administrativa, enmarcándola dentro de la teoría objetiva de la responsabilidad, es decir, que no toman en cuenta los elementos de intención y voluntariedad del actor de la acción u omisión que trajera como resultado un daño o perjuicio, sino solo el nexo causal de la acción u omisión del sujeto y el resultado dañoso, o sea, que basta con la infracción del orden jurídico establecido o el quebranto del patrimonio de los derechos ajenos para señalar como responsable al actor de la conducta agresora al Medio Ambiente. La responsabilidad administrativa, concebida a la Luz de la Ley No. 41 de 1998. Se concreta con la aplicación de una sanción administrativa naciendo la obligación de reparar el daño causado.

La Constitución política peruana de 1993, en su artículo No. 2 inciso 13, plantea que la relación jurídica nace con el supuesto de hecho en el cual el responsable causa daño Ambiental con consecuencias sobre la persona o personas afectadas, el sujeto pasivo es afectado en su Derecho a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Podemos definir que el Derecho Subjetivo sujeto a la tutela, es el Derecho que toda persona puede exigir, entre otros, respecto a su integridad física y psicológica, de su salud frente a riesgos contra ella, y el desarrollo biológico apropiado. Este Derecho es individual, pero puede ser defendido tanto individual como colectivamente.

Es sumamente importante interiorizar y concienciar que el contenido Derecho a un ambiente sano se va a reflejar también dentro del contexto Mundial, en el cual el aprovechamiento de los recursos y uso tecnológico debe garantizar el desarrollo sostenible.

Existe en la actualidad, una mega tendencia Mundial acerca de la protección del Ambiente en la defensa de la persona como ser biológico frente a la agresión de la cultura industrial irresponsable del siglo XXI y la depredación de los recursos.

La Legislación Nacional de Perú, no ha sido muy profunda en torno al papel jugado por la administración respecto a actos corrosivos al Ambiente, el Código del Medio Ambiente, Decreto Legislativo 613, ha considerado las siguientes normas Legislativas al tema:

  • Reconoce el Derecho irrenunciable de la persona a gozar de un Ambiente Saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, asimismo, reconoce el Derecho a la preservación del paisaje y la naturaleza.
  • Establece la obligación del Estado de prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales que pueda inferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad.
  • Reconoce el Derecho que toda persona tiene de exigir una acción rápida y efectiva ante la justicia en Defensa del Medio Ambiente y de los recursos naturales y culturales.
  • Reconoce la legitimación de intereses difusos en la protección del ambiente indicando que pueden interponer acciones, aún en los casos en que no se afecte el interés económico del demandante o denunciante, el interés moral autoriza la acción aún cuando no se refiera directamente al agente o a su familia.Se establece que las normas relativas a la protección y conservación del Medio Ambiente sea de orden público.
  • Se establece que el Código del Medio Ambiente prevalece sobre cualquier otra norma Legal contraria a la Defensa del Medio Ambiente y los recursos naturales.

A la hora de analizar el Código del Medio Ambiente en el Perú llama poderosamente la atención, que no se puede observar ninguna norma relativa al Daño Ambiental, pero si encontramos de forma muy práctica en los artículos No. 113 y 114, la Facultad Administrativa de sanción, es decir, se regula la responsabilidad administrativa ambiental.

Analicemos las Facultades Sancionadoras que otorgan los artículos antes mencionados:
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