Los problemas Medio Ambientales que afectan la actividad pesquera en el Golfo del Guacanayabo
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“Todos los habitantes gozan del Derecho a un Medio Sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará la obligación de recomponer, según establezca  la Ley”.

Las autoridades proveerán a la protección de éste Derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la Diversidad Biológica y la información y educación ambiental.

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

El artículo No. 41 se refiere principalmente al denominado “Derecho a una Mejor Calidad de Vida”, se incluyen en este artículo otros derechos como son: a la Defensa del ecosistema, el Derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso, a la explotación de los propios recursos, a la paz, a la autodeterminación, a la integridad territorial como se puede observar se establece la obligación de las industrias contaminadoras de resarcir el daño ecológico dejando definido en la Ley su fijación y efectos.

La administración deberá dictar normas para proteger el Medio Ambiente, donde cada provincia se verá obligada a cumplimentar dichas normas.

En el párrafo final del artículo No. 41 de la Constitución Argentina, que prohíbe el ingreso en el territorio nacional de residuos tóxicos y radiactivos, pienso que el mismo es directamente operativo, aunque no se dicte una Ley específica, ya que implica una obligación directa de no hacer.

Por su parte, la administración nacional, ha establecido que “las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades degradantes al medio, no deben exceder la normal tolerancia, tomándose en cuenta las condiciones del lugar, según las circunstancias del caso, la administración puede disponer la indemnización de los daños y la cesación de las molestias causadas.

La doctrina Argentina se encuadra dentro del grupo de naciones afiliadas a la Responsabilidad Objetiva, como tipo de responsabilidad sumada por la administración por la comisión de determinadas agresiones del Medio Ambiente, por su parte en un punto muy interesante, asigna de forma valiente un  grado de responsabilidad compartida entre los sujetos autores del daño y el Estado, solo cuando éste hubiese autorizado o consentido la actividad degradante.

Los jurisconsultos abordan el tema referente a la “normal tolerancia”, sin embargo, es bueno esclarecer que la misma no tendrá validez jurídica cuando el daño ambiental afectara la salud.

Finalmente en un Acto educativo Ambiental, se plantea que “cualquier miembro de la comunidad podrá exigir la preservación del Medio Ambiente”.

En la Constitución de Colombia, en su título II “De los Derechos, las garantías y los Deberes”, capítulo III “De los Derechos Colectivos, y del Ambiente”, se regula en los artículos No. 79 al 81.

El marco jurídico Básico, de forma directa la responsabilidad administrativa referente a las agresiones del Medio Ambiente es la Ley No. 19.300 de “Bases del Medio Ambiente”, en Colombia ésta Ley establece una regulación especial sobre el Daño Ambiental planteándolos de la siguiente manera.

  • La responsabilidad por daños Ambientales es por Dolo o Culpa.
  • Se establece la presunción de la responsabilidad del autor del Daño Ambiental si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas en disposiciones legales o complementarias.
  • Se establece que solo habrá lugar a la indemnización si se acreditare relación de causa efecto entre infracción y el daño producido.
  • Producido el Daño Ambiental, se concede la acción indemnizadora ordinaria  a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hallan sufrido el daño o perjuicio, a las municipalidades, por hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y al Estado, representado por intermedio de su Consejo de Defensa.
  • Cuando los responsables de fuentes emisoras sujetas a planes de prevención o de descontaminación o a regulaciones especiales para situaciones de emergencias según corresponda, acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas en tales planes o regulaciones, solo cabrá la acción indemnizatoria ordinaria deducida por el personalmente afectado a menos que el daño provenga de causas no contempladas en el referido plan.
  • En todos los casos, la administración actuante, podrá según la gravedad de la infracción, ordenar la supervisión  inmediata  de las actividades emisoras  y otorgar a los  infractores un plazo para que se ajusten a las normas.
  • La Constitución Política de  Panamá, concibe a la responsabilidad ambiental como la obligación de resarcir el daño causado o los perjuicios ocasionados al Medio Ambiente.
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