Este cinco de mayo de 2011, se cumplieron cuatro años de la lectura pública de la declaración formal de guerra por parte del Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México –Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa- en contra del crimen organizado, considerado enemigo del Estado nación; teniendo como escenario el Fuerte de Loreto, como referente histórico, el triunfo del General Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés allá en 1862, como lema “Las armas nacionales se han cubierto de gloria” y como testigos del mundo a los agregados militares de los principales países del mundo. Declaración de guerra que dio estatus de beligerancia a grupos criminales y hoy día dicha decisión del uso de la fuerza institucionalizada en el ejército mexicano, ha cobrado alrededor de 40 mil vidas de todos los actores involucrados además de civiles como consecuencia de los daños colaterales de la misma confrontación de fuerza.

Así, la guerra jamás debe ser reducida a un simple análisis de seguridad pública. El uso de la fuerza militar, de pertrechos de guerra dentro de un Estado nación, no tiene otro fin que la disputa del ejercicio del poder total, del dominio y de la imposición de la autoridad legal o de facto dentro del territorio del Estado. México como estado de federalismo dual: el nacional y el estadual, con un real problema de unidad nacional consecuencia del proceso de transformación política con tres partidos diferentes: PRI, PAN y PRD, que defienden sus espacios de poder real que legalmente les corresponde, no han perdido oportunidad en aprovechar esta fractura nacional para defender intereses diferenciados antes que demostrar un compromiso por la unidad nacional.

PRI y PRD administran dentro de su propia lógica de intereses partidistas sus gobiernos municipales, estatales y fuerzas dentro de las asambleas legislativas, el mejor ejemplo se observa en la carencia de acuerdos para terminar de nombrar a los Consejeros faltantes del Consejo general del IFE; o la reforma política que limitaría en principio si regresara el PRI a Los Pinos; o la reforma de seguridad, que eliminaría la excelente diferenciación de responsabilidades. El presidente Calderón como principal responsable de su guerra contra el crimen organizado; los gobernadores con la tarea de evitar que se les expandan los niveles de inseguridad, y los ayuntamientos con sus propia responsabilidad mínima de atender asuntos menores regulados en bandos de policía. Dentro de esta visión diversificada del ejercicio del poder y de la división de responsabilidades, la no aprobación de nuevas legislaciones en materia de seguridad pública, tiene el propósito de descargar sólo en el presidente de la república, como Comandante de las Fuerzas Armadas, las consecuencias de la  guerra mexicana contra el crimen organizado.

El presidente Calderón el día 4 de mayo se pronunció en contra de las simulaciones llamando a los gobernadores a asumir su corresponsabilidad en la lucha contra el crimen. Mientras en los festejos del CXLIX aniversario de la batalla del 5 de Mayo en Puebla y al IV aniversario de la declaración de guerra contra el Crimen Organizado como enemigo del Estado Nación como comandante al mando de la guerra declaró: “Nuestras tropas, en ningún momento, claudicarán ni cederá terreno a la delincuencia organizada, ya que se cuenta con la razón, la fuerza y la ley, dijo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien garantizó el triunfo en esta tarea”

Empero, el acelerado avance de descomposición del tejido social y la victimización de hijos de hombres y mujeres mexicanos que sienten que los daños colaterales de los cuales han sido víctima sus familiares cercanos, no les ha quedado otro camino que gritar ¡Ya Basta!, ¡Estamos hasta la madre! de la violencia colateral que ha desatado la guerra mexicana. Y  precisamente, para detener el camino hacia la barbarie y sin razón este día cinco de mayo en el inicio del quinto año de la guerra, representantes de la sociedad civil iniciaron una marcha silenciosa a la ciudad de México. Ojalá el jefe de las fuerzas armadas mexicanas haga un balance objetivo y tome la mejor decisión para la patria.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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