Transporte público y populismo en PueblaRaymundo García García*
De nueva cuenta y como ha sido siempre en Puebla, la relación entre el gobierno del PRI con los dueños del transporte público estatal de pasajeros, de intercambio político; esto es, de apoyo en tiempos electorales al PRI a cambio de apoyos gubernamentales para que perviva el transporte público como negocio exitoso, mucho más allá de esa lógica neoliberal de libre concurrencia.
Este intercambio político entre el gobierno estatal actual y los empresarios transportistas, llega al juego de paros, de marcha en contra del incremento del pasaje, y de mesas de trabajo, como el mejor escenario siempre utilizado para que el gobierno estatal, al final de cuentas termina burlando los intereses económicos del pueblo autorizando, siempre los incrementos de pasaje acordados en la obscuridad del acuerdo político.
Y no puede ser de otra manera de negociar, si en sus tiempos la Alianza de Camiones, fue apoyada con importantes subsidios gubernamentales, en donde los recursos públicos en lugar de ser destinados a combatir la pobreza y la marginación, eran legalmente desviados para beneficio del los empresarios transportistas, que cobraban la mitad de precio del pasaje a los estudiantes. Fue necesario que el mismo gobierno pusiera un freno a esta actitud injusta contra el pueblo, y a través del impulso de los peseros que evolucionaron en combis y en nuevos camiones, se gestó una nueva clase empresarial, mucho más agresiva en los chantajes corporativistas y partidistas gobiernistas.
Por ello, la nueva casta de empresarios del transporte público de pasajeros poblana, le debe toda su riqueza al PRI y a sus gobernantes, son su producto, y por lo mismo son su instrumento y soporte político electoral en cada proceso. De ahí que sea una casta empresarial no competitiva, y que el gobierno estatal melquiadista los haya favorecido y apoyado en el engrosamiento de su riqueza, a través del programa de modernización del transporte. Así, con el apoyo del gobierno como aval, y la obtención de créditos de la banca de desarrollo, se impuso la obligación de modernizar el parque vehicular para que el parque vehicular sea jamás obsoleto y viejo, preste bien servicio y proteja la vida de usuarios y terceros. Así, millonarios recursos públicos en lugar de irse a apoyar el desarrollo regional de los municipios pobres, se concentró en acumular la riqueza de los ineficientes empresarios trasportistas poblanos.
En este fin de sexenio priista para Puebla, el reclamo por incremento del precio del pasaje ha arreciado y no es para menos, en los casi seis años de administración marinista, los incrementos han sido casi congelados, primero para ayudar al ejecutivo en el proceso de mantener la legitimidad perdida por el caso Lydia Cacho, luego para ratificar la hegemonía del PRI en las elecciones locales e intermedias del año 2007, por supuesto a cambio de que el programa de modernización del transporte se echara a la basura y se permitiera la chatarrización de las unidades a una vejez de doce años y la derogación del artículo 86 que encarcela a los choferes asesinos.
En la presente negociación, el gobierno emanado del PRI encaminado hacia convertirse en oposición, juega en los dos niveles, con los usuarios a través de la recolección firmas y mediocres manifestaciones en contra del alza del pasaje; por el otro lado negocia con los empresarios la institucionalización de una chatarrización mayor para que unidades con antigüedad de catorce años puedan prestar el servicio; esto es, el gobierno no sólo acordará otro incremento, sino que también acuerda subir el pasaje pero permitirá que los vehículos viejos y llenos de fallas mecánicas, siga circulando, para que los usuarios o la ciudadanía en general sufran accidentes o hasta pierdan hasta la vida. A final de cuentas, la relación corporativa de los transportistas con el gobierno estatal, le sale muy cara, demasiado costosa a la población. Las amenazas de cancelación de concesiones son como siempre una recurrente intención o salida irreflexiva.
Y no puede ser de otra manera de negociar, si en sus tiempos la Alianza de Camiones, fue apoyada con importantes subsidios gubernamentales, en donde los recursos públicos en lugar de ser destinados a combatir la pobreza y la marginación, eran legalmente desviados para beneficio del los empresarios transportistas, que cobraban la mitad de precio del pasaje a los estudiantes. Fue necesario que el mismo gobierno pusiera un freno a esta actitud injusta contra el pueblo, y a través del impulso de los peseros que evolucionaron en combis y en nuevos camiones, se gestó una nueva clase empresarial, mucho más agresiva en los chantajes corporativistas y partidistas gobiernistas.
Por ello, la nueva casta de empresarios del transporte público de pasajeros poblana, le debe toda su riqueza al PRI y a sus gobernantes, son su producto, y por lo mismo son su instrumento y soporte político electoral en cada proceso. De ahí que sea una casta empresarial no competitiva, y que el gobierno estatal melquiadista los haya favorecido y apoyado en el engrosamiento de su riqueza, a través del programa de modernización del transporte. Así, con el apoyo del gobierno como aval, y la obtención de créditos de la banca de desarrollo, se impuso la obligación de modernizar el parque vehicular para que el parque vehicular sea jamás obsoleto y viejo, preste bien servicio y proteja la vida de usuarios y terceros. Así, millonarios recursos públicos en lugar de irse a apoyar el desarrollo regional de los municipios pobres, se concentró en acumular la riqueza de los ineficientes empresarios trasportistas poblanos.
En este fin de sexenio priista para Puebla, el reclamo por incremento del precio del pasaje ha arreciado y no es para menos, en los casi seis años de administración marinista, los incrementos han sido casi congelados, primero para ayudar al ejecutivo en el proceso de mantener la legitimidad perdida por el caso Lydia Cacho, luego para ratificar la hegemonía del PRI en las elecciones locales e intermedias del año 2007, por supuesto a cambio de que el programa de modernización del transporte se echara a la basura y se permitiera la chatarrización de las unidades a una vejez de doce años y la derogación del artículo 86 que encarcela a los choferes asesinos.
En la presente negociación, el gobierno emanado del PRI encaminado hacia convertirse en oposición, juega en los dos niveles, con los usuarios a través de la recolección firmas y mediocres manifestaciones en contra del alza del pasaje; por el otro lado negocia con los empresarios la institucionalización de una chatarrización mayor para que unidades con antigüedad de catorce años puedan prestar el servicio; esto es, el gobierno no sólo acordará otro incremento, sino que también acuerda subir el pasaje pero permitirá que los vehículos viejos y llenos de fallas mecánicas, siga circulando, para que los usuarios o la ciudadanía en general sufran accidentes o hasta pierdan hasta la vida. A final de cuentas, la relación corporativa de los transportistas con el gobierno estatal, le sale muy cara, demasiado costosa a la población. Las amenazas de cancelación de concesiones son como siempre una recurrente intención o salida irreflexiva.
*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.
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