Un llamado a Diputados/as locales.


En junio del 2011, fue reformado el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso el Capítulo I, ahora se denomina “De los Derechos Humanos y sus Garantías”.


Nuevas puertas en el mundo jurídico de México sin duda se abrieron; sin embargo también, esta reforma produjo una serie de efectos jurídicos, lo que representa una gran responsabilidad y estudio para quienes procuran y administran justicia en México, ya que los derechos humanos hoy en México, fueron elevados a rango constitucional, y no sólo los reconocidos en nuestra Constitución, también aquellos protegidos por los tratados internacionales.


Esto significa la obligatoriedad de todas las autoridades jurisdiccionales para resolver y velar porque los efectos de las disposiciones señaladas no se vean mermados, ya que están sometidos a ella.


Lo anterior viene a cuenta derivado del crimen cometido en contra de Agnes Torres.


Las autoridades de procuración de justicia y en su momento procesal, las de administración de justicia, deben tomar en cuenta también, en el desarrollo de sus investigaciones, las disposiciones señaladas en  los tratados internacionales, que ahora son parte integrante de nuestra Constitución en materia de derechos humanos, y, por supuesto atender lo establecido en la Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación.


Porque el asesinato de Agnes Torres, se inscribe también en un crimen que debe considerar  el odio homofóbico como una agravante en el delito de homicidio.


Según los expertos  la gran mayoría de las víctimas de este tipo de ejecuciones, son motivadas por prejuicios y asesinadas con violencia extrema y saña, “lo que refleja la necesidad del victimario, no sólo de infringir un daño a la víctima, sino de castigarlo hasta el exterminio”, lo que lo constituye en una verdadera ejecución a diferencia de otro tipo de homicidios.


Y esto en el caso de Agnes debe ser considerado también, ya que esta modalidad de delito deshumanizante, para quien lo comete, considera que la víctima carece de valor humano a causa de su orientación sexual, género o  identidad de género ¿Cómo dejar pues de considerar, en este caso, la probabilidad de un crimen de odio por homofobia?  


Y claro que es un paso importante el que El Congreso poblano, la semana anterior haya aprobado la inclusión en el artículo 11 de la Constitución Poblana del término “preferencias sexuales” qué lástima, que hayan sido las reacciones que provocó nacional e internacionalmente el asesinato de Agnes, lo que generó la coyuntura para lograr esta reforma, porque si no se hubiera presentado,  tengo dudas acerca de que si el tema lo hubiesen abordado los diputados y diputadas de esta LVIII Legislatura.


Y lo sostengo porque muchos medios han documentado, las distintas declaraciones acerca de que “temas polémicos” no estaban en su agenda legislativa.


Tal vez esto los motive también a trabajar en la armonización total, del artículo 1 de la Constitución General de la República a nuestra Constitución local.


Y qué tal, si con esa voluntad mostrada por los diputado/as de la actual Legislatura, rescatan la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar  las Formas de Discriminación del Estado de Puebla, presentada el 27 de julio del año 2006, -que está en la llamada “congeladora”-  y que fue resultado de una serie de foros,  donde intervinieron diversas organizaciones civiles y el Consejo Nacional para Prevenir y eliminar la Discriminación (CONAPRED), la cual fue debidamente consensuada y debe ser base para el análisis y debate, incluso de la que acaba de presentar también, con todo respeto, aprovechando la misma coyuntura, el Dip. Guillermo Aréchiga en la última sesión del período ordinario que acaba de concluir y la aprueben, por cierto, les comento que en estos foros participó Agnes Torres.


De manera que hasta entonces, se tengan las bases jurídicas, para iniciar los estudios que permitan incorporar al Código Penal y al de Procedimientos en la misma materia de Puebla, el concepto de delitos contra la dignidad de las personas. Discriminación.


Sin duda Agnes después de su muerte, seguirá siendo activista por los derechos de su comunidad.

 

rociogarciaolmedo*Rocío García Olmedo (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)ha desempeñado diversos puestos públicos y políticos en el estado de Puebla, México.

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