EL IMSS FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS

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Raymundo García García

Hace escasos días en los medios de comunicación masiva, se dio a conocer a la opinión pública, la denuncia ante la CEDH, de la posible violación al derecho a la salud y al derecho a la vida, como derechos humanos inherentes de la persona humana, en contra de un paciente que utiliza los servicios de hemodiálisis en el hospital de San Alejandro perteneciente al IMSS. La Comisión, como sucede en casos graves como el denunciado, se comprometió ha hacer las indagaciones respectivas, para que en su momento emita la recomendación respectiva, ni más, ni menos. ¿Pero, es suficiente esa valiente denuncia para que se espere un cambio en los servicios y sobre todo para que se garantice la salud y la vida en una coyuntura de crisis económica e ineficiencia administrativa?

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La respuesta inmediata es que no, y mucho menos en una área tan difícil y costosa para su funcionamiento, el incremento de los enfermos , que se traduce en incremento de la demanda de servicios y la vigencia de un conjunto de vicios o de prácticas encaminadas a reproducir viejos esquemas de operación administrativa, donde el servicio de la medicina social se reduce a datos estadísticos, y los pacientes o enfermos, se reducen a un simple número, reproduciéndose prácticas burocráticas, por supuesto con horarios y modelos burocráticos rígidos, totalmente contrarios al incremento de enfermos y por lo mismo de demanda de servicios médicos, que se convierte en importantes aliados para que los enfermos en lugar de encontrar curación, se exponen a adelantar su gravedad y la posible pérdida e la vida.

El servicio materia de la denuncia ante la CEDH, es el mejor ejemplo de la grave situación y calvario por la que pasan los enfermos y familiares del área de nefrología. Si alguien llega grave con la necesidad de ser hemodializado, primero pasará un buen tiempo en el departamento de emergencia, sufriendo y viviendo todo tipo de presiones sicológicas rodeado de un ambiente de muerte y dolor y con saturación de enfermos; si existe la desocupación de cama, por alta o muerte, el enfermo tendrá la oportunidad de ser hospitalizado con un poco menos de molestias. Como el servicio de hemodiálisis está saturado, quizá por la falta de medicamentos o por los horarios rígidos, el paciente una vez estabilizado es dado de alta e informado que antes de ser atendido existe una lista de por lo menos veinte o treinta pacientes, para que pueda ser atendido. Así que se envía a su domicilio para dos consecuencias: a) como no ha recibido tratamiento, la enfermedad está presente, el enfermo podrá morir en cualquier momento y el IMSS se quita un problema; o b), que el enfermo regrese, inicie el proceso citado y tal vez pierda la vida en urgencias y ahí termine su tormento; porque, para ser hemodializado la lista sigue igual, le toca después de que termine el servicio para unos veinte pacientes –por trasplante o defunción-.

Este ejemplo es cotidiano y práctica permanente de violación de los derechos humanos, pero también, representa una flagrante violación a los derechos reconocidos a los mexicanos en nuestra Carta Magna, como derecho a la salud y como derecho a la vida; derechos que por cierto no son gratuitos, ya que el usuario en su calidad de trabajador, ha estado pagando, ha estado cotizando como parte tripartita de la Institución, otrora símbolo de la justicia social mexicana. Lamentablemente, la ineficiencia administrativa, y la simbiosis de la cultura del Estado social y la del Estado neoliberal, ha provocado que los médicos provoquen este caos, para alentar sus servicios particulares.

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

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