raymundo garcia.jpgTRANSPARENCIA Y CUENTAS CLARAS

Por: Raymundo García García*

19 marzo 2009

   Dentro un régimen democrático como parte del ejercicio de un gobierno de leyes y no de hombres, esto es, como consecuencia de un ejercicio del poder público sustentado en el principio de legalidad, sobresalen como consecuencia 

 

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que exista transparencias en todo ejercicio de la acción pública, y de ahí la necesidad de la transparencia y acceso a la información pública, que se encuentra en proceso de formación en México, y en el Estado de  Puebla, pasa por la negativa para  abrirle el camino, y en su lugar se hace todo lo posible por obstruirla, claro, como consecuencia de la vigencia de un sistema político estatal atrasado, de viejo cuño, de tipo autoritario, que por varios caminos se apuntala su oposición hacia su democratización.  

Entonces si no hay transparencia y acceso a la información de las acciones públicas, que contradictoriamente se piensan desde una situación patrimonialista, como si fueran acciones privadas pagadas con recursos públicos; mucho menos se puede suponer que en el terreno de la fiscalización y rendición de cuentas de la administración de los dineros del pueblo, la situación cambie. Por supuesto que no, la opacidad gubernamental de la que Puebla ocupa el primer lugar nacional, exhibida y ratificada a diario con el ejercicio de dos de tres comisionados acusados de ilegitimidad, ratificando dicha decisión política, dentro de un sistema de gobernadorsismo omnímodo, que se hace necesaria para cubrir la simple formalización de la fiscalización de recursos públicos.

 

Se habla de formalización de la fiscalización de recursos públicos, y al mismo tiempo se acusa al ORFIS de garrote político del gobernador en contra de las administraciones municipales en manos de partidos diferentes al PRI, y hasta garrote político   en contra de enemigos del mismo ejecutivo estatal, cuando así se hace necesario para poner ejemplos de castigo –ahí está el caso del Colegio de Puebla-, porque en Puebla el poder público carece de pesos y contra pesos. El Poder Legislativo en todo momento da cuenta de su nula soberanía y actuación independiente, que actúa con una mayoría mecánica para legalizar todo acuerdo aceptado previamente por el ejecutivo. Y  el Poder Judicial, domesticado bajo las directrices del Ejecutivo desde el momento en el cual se instauró la  inamovilidad de Magistrados y Jueces. Y si a esto se suma que las minorías de las minorías en el Poder Legislativo, por lo general actúan como apéndice del PRI, se tiene una estructura de poder sumido en el autoritarismo, donde solo la legalidad, la división de poderes, la transparencia y el acceso a la información pública, y sobre todo la fiscalización de recursos, se reducen a frases modernizantes, que redondean un discurso legalista muy alejado de la realidad.

 

Por ello, ahora que la Auditoría Superior de la Federación, dentro del proceso normal de fiscalización hizo público los pliegos de observaciones de algunas dependencias del gobierno poblano, el poder autoritario hizo berrinche e inmediatamente  se han hecho las aclaraciones formales  de la casi totalidad de observaciones. Pero hay algo que el llenado de formatos y explicaciones no puede aclarar, el concurso o asignación de obras, los tiempos de su ejecución, la calidad de las mismas, y el costo del material de utilería montado para la entrega formal, pero que en la realidad los ciudadanos observamos que dichas obras a diario muestran que jamás fueron terminadas, muy a pesar a que en la escena de la inauguración aparentemente estaban totalmente concluidas.

 

*Raymundo García García es mexicano, catedrático, investigador y doctor en Ciencia Política.

 

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