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raymundo garcia.jpgSEGURIDAD, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y REHABILITACIÓN

Por: Raymundo Garcías García*

5 diciembre 2008

Considerado en los últimos años a la inseguridad pública como el problema más grave que afecta la convivencia de la sociedad mexicana, todos los partidos políticos y todos los gobiernos en los tres niveles de su esfera de acción, a tan fenómenos social, político y económico, lo incorporan en sus agendas de trabajo, con la intención de combatirla y garantizar un ambiente social de seguridad pública. El  progresivo crecimiento de la criminalidad común, del crimen organizado, del tráfico de estupefacientes, tráfico de personas,  secuestros, chantajes, lavado de dinero, y más e porcentajes escandalosos, obligaron a medio aceptar que el sistema mexicano de administración de justicia está rebasado, es obsoleto y obliga a mirar hacia una reforma judicial y penal de grandes dimensiones, la cual se convirtió en tema central de la agenda del presente gobierno federal.

 

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La reforma constitucional para la reforma penal, consumió los esfuerzos del primer año de gobierno calderonista y tuvo su  coronación al inicio del presente año, lo que llevó a que en las entidades federativas y entre ellas Puebla, se unieran los tres integrantes del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, mostrando la colaboración que disminuyera el tradicional protagonismo del poder Ejecutivo. Evento que nació deslegitimado de origen con  el desprecio a los diputados locales por parte del poder ejecutivo y del mismo presidente de la Gran Comisión, puesto que incorrectamente se le da un lugar que  formalmente no tiene, ya que quien representa al Poder Legislativo es el presidente o presidenta de la Mesa directiva. Imaginemos como inicia la consulta para la reforma penal en Puebla, u presidencialismo abusivo, un Legislativo sometido y un Poder judicial paralizado.

 

Se  llevaron a cabo las distintas consultas, hubo el compromiso para hacer la clasificación de las propuestas con el propósito de cumplir el mandato constitucional de impulsar la reforma judicial. Pero en el camino, se comete un secuestro y asesinato de la víctima por los mismos secuestradores, lo que obliga a que la familia de apellido Martí, a hacer pública  la desconfianza hacia todas las autoridades, de tal suerte que recurran a la movilización de la sociedad civil, convocándola a una histórica protesta nacional. Como dentro de los secuestradores se ubica a policías, de forma emergente se da la propuesta de introducir la cadena perpetua para  castigar a policías ligados a la industria del secuestro, provocando la adhesión de los gobernadores, quienes se apuran a presentar iniciativas de reforma en distintas modalidades que encierran el mismo objetivo, penalizar el delito de secuestro y con penas específicas para el caso de la presencia de policías dentro de las bandas de delincuentes, asesinato de las víctimas secuestradas, además de las variantes en el caso de  las víctimas del delito: si son menores,  adultos mayores  o discapacitados etc.

 

Se ha centrado en estos días el debate sobre la penalización, inclusive el gobernador de Coahuila propuso la pena de muerte para los secuestradores y su Congreso la ha aprobado; pero no existe debate sobre otros factores que son importantes y están relacionados, y para no ir lejos Puebla es ejemplo: cuando la policía judicial detiene a secuestradores, difícilmente atrapa a todos los involucrados, siempre queda una lista de delincuentes a los que se les dicta orden de aprehensión. Sobre este particular jamás se informa el porcentaje de órdenes cumplidas, aquí se mira una ineficiencia en la procuración de justicia; de los detenidos y procesados poco o nadase se conoce por la población sobre su sentencia, y sobre todo cuantos son capaces de salir libres por deficiencias en la integración de averiguaciones o deficiencia en las obligaciones de Ministerios Públicos y jueces;  de los sentenciados, nada o poco se sabe del proceso de rehabilitación; de los secuestradores sentenciados poco se explica el porque a pesar de que se penalizó en Puebla este delito hasta por setenta años de prisión, las sentencias siguen siendo mínimas. Eso demuestra el poco o nulo interés del poder judicial por combatir a la industria del secuestro. ¿Para qué tato escándalo por la penalización, si al final de cuentas existe mucha opacidad en el compromiso de los poderes judicial y ejecutivo por mostrar congruencia entre la penalización, el combate a la delincuencia, el castigo o sanción de delincuentes y su reingreso a la sociedad, además de la ineficiencia en el cumplimiento de órdenes de aprehensión?

 

*Raymundo García García es catedrático, investigador y doctor en Derecho.

 

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